Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, señaló que esta medida escapa lo racional y afectará seriamente al sector.
La Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) criticó el nuevo régimen de percepciones del Impuesto General a las Ventas (IGV), el cual incluye un mayor número de bienes afectos a este régimen, principalmente de consumo masivo, y designa a más empresas perceptoras de dicho impuesto.
Este régimen tributario es un mecanismo que por el cual el agente de percepción, que viene a ser una empresa designada por el Estado, cobra por adelantado una parte del IGV que sus clientes generarán luego por sus operaciones de venta gravadas con este impuesto.
Según el Gobierno, esta norma se emite con la finalidad de combatir la evasión tributaria y evitar la informalidad.
Sin embargo, Andrés Choy, presidente de la ABP, señaló que esta medida escapa de lo racional y afectará seriamente al sector bodeguero, ya que no se puede pagar impuestos por algo que todavía no se sabe si se venderá.
“El Gobierno señala que este mecanismo no es un impuesto adicional, pero lo cobran como tal, por lo que creemos que afectará todo el comercio de bienes de consumo masivo, incluyendo a las bodegas”, manifestó.
Choy señaló que bajo esta medida el sector bodeguero tendrá que pagar en sus facturas de compra el 2% adicional y no sólo del importe de lo que cuesta el producto.
“Esta medida hará que financiemos al Estado con nuestros escasos recursos económicos, ya que tendremos que pagar por algo que no hemos vendido y tampoco ganado”, agregó.
Manifestó que las bodegas son pequeños negocios que generan ganancias mínimas, muchas de ellas de subsistencia.
“Esta medida generará una mayor informalidad en el sector, y nos hará menos competitivos frente a los grandes supermercados, ya que ellos tienen mayores márgenes de ganancia al realizar compras en grandes volúmenes”, dijo.
Agregó que las bodegas se verán forzadas a sumarle dicho impuesto al producto a vender, perjudicando al sector y afectando seriamente al consumidor.
“El MEF ha argumentando que se puede recuperar dicho impuesto, pero hay que seguir un proceso burocrático e inoperante, que cuesta dinero y mucho tiempo, lo cual dificultará su recuperación, y en la práctica se convertirá en una carga impositiva más”, afirmó.
Choy puntualizó que el Gobierno debe promover un sistema impositivo justo, equitativo y promotor de la formalización, y no este tipo de leyes que desincentivan la formalización del sector.
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