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Carlos Casas: Michiquillay marcará un punto de quiebre en minería peruana

Se estima que Southern Copper realizará una inversión de entre US$2,000 y US$3,000 millones.
Se estima que Southern Copper realizará una inversión de entre US$2,000 y US$3,000 millones. | Fuente: Andina

El economista de la Universidad del Pacífico resaltó los acuerdos previos a los que llegaron Proinversión y las comunidades cercanas.

El economista Carlos Casas indico que el proyecto minero de Michiquillay, adjudicado este martes 20 febrero, a la minera Southern Copper, marcará un punto de quiebre en la imagen de la minería en el país, ya que se habrían logrado acuerdos paralelos con las comunidades cercanas a la zona de influencia del proyecto.

"En este caso se ha ido haciendo un trabajo con comunidades, con La Encañada, con Michiquillay, se ha tenido un trabajo previo relativamente bueno para evitar problemas como con Conga", comentó el también director del Centro de Estudios Mineros y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.

Pago a comunidades

De acuerdo con Casas, la oferta de Southern Perú para el proyecto inclye el pago de US$400 millones al Estado por concepto de transferencia, de los cuales US$200 millones será para las comunidades. 

"Son US$300 millones que van a tener las comunidades, US$200 de Southern y US$100 millones que ya habian quedado de Anglo American", detalló en el programa Ampliación de Noticias de RPP Noticias.

Factor social

Para Casas, dos factores condicionarán el desarrollo de Michiquillay en los próximos años, uno es el de los precios del cobre y otro el factor social. Opinó que el Estado debe trabajar para que en este último se logre garantizar que no se paralice el proyecto, como ha sucedido con Conga o Tía María.

"Va a haber dos contingencias, una va a ser el tema social, y otro el entorno internacional del precio, que suba o baje. El tema de precios no lo podemos controlar, pero el tema social sí lo manejamos", consideró.

Agregó que también se tendrá que esperar cerca de un año para que se realice un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que detalle los impactos del proyecto para garantizar la llamada licencia social.

"Tiene que hacerse todo el EIA, creo que al país le convien que se haga un buen estudio y a la empresa Southern le conviene que se haga uno bueno. Eso puede demorar un año", estimó.

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