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Además, advierte un potencial conflicto de interés, ya que ProInversión al considerar que actuaría como juez y parte al asumir la promoción y la decisión sobre cómo ejecutar los proyectos de infraestructura pública.
La reforma de las Asociaciones Público-Privadas continúa bajo la lupa. Aunque su promulgación aún está pendiente, el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 30 de mayo para presentar sus observaciones, tal como lo adelantó el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes.
Por su parte, el Consejo Fiscal reiteró su preocupación por las implicancias fiscales que generarían las modificaciones propuestas al marco legal que regula la inversión mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA).
“La reforma aprobada busca impulsar las APP, pero introduce cambios normativos que debilitan seriamente disposiciones diseñadas para salvaguardar el efecto fiscal de este tipo de proyectos y evitar contingencias que comprometan la sostenibilidad fiscal”, puntualizó.
Estas son las advertencias del Consejo Fiscal
1. Debilita disposiciones para salvaguardar equilibrio fiscal
El Consejo Fiscal considera que transferir la rectoría del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP) a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) limita las competencias exclusivas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en materia hacendaria, financiera y fiscal, en las distintas fases del proceso de una APP.
En ese sentido, indicó que se elimina la obligación del MEF para emitir opinión sobre el impacto y consistencia de los proyectos con el cumplimiento de las reglas fiscales y se restringe su participación en situaciones de modificaciones al equilibrio económico-financiero.
Asimismo, alerta que sustituir el análisis de capacidad presupuestal por un análisis de “disponibilidad financiera” no garantiza el cumplimiento de los requerimientos de control presupuestal ni de capacidad fiscal.
Además, cuestiona que la autógrafa concentre el control total de los proyectos APP en Proinversión otorgándole no solo la rectoría del sistema, sino también la titularidad de los proyectos del Gobierno Nacional y la conducción de todo su ciclo, desde la formulación hasta la ejecución contractual.
“Proinversión pasaría a ser el “concedente” de los proyectos, es decir, la contraparte pública de los concesionarios privados”, explicó.
“Estas modificaciones generan un potencial conflicto de interés por parte de Proinversión, entidad que sería juez y parte en la decisión de determinar la modalidad de ejecución de todos los proyectos de infraestructura pública nacional. Dado que su función se limita a la promoción de la inversión privada en APP o PA, no puede asegurarse la maximización de valor por dinero ni el cumplimiento de los principios de responsabilidad fiscal al exceder sus competencias.”, indicó el Consejo Fiscal.
2. Contraviene prácticas internaciones
En su análisis, el Consejo Fiscal resaltó que la experiencia internacional muestra que los marcos institucionales de países con mayor experiencia en APP resaltan la importancia de la participación de los ministerios de hacienda en la evaluación fiscal de las APP.
3. Cartera de proyectos de escala fiscal inédita
La cartera de proyectos asciende a US$ 70 mil millones, lo que representa cerca del 25% del PBI del 2024. “El 12,9% de la inversión total corresponde a 17 proyectos autofinanciados y el 27,9% a 50 proyectos cofinanciados. No obstante, no se dispone de información para el 59,1% restante”, indicó.
4. Falta de control adecuado podría generar obligaciones o contingencias fiscales
El documento advierte que la reforma “rompe el vínculo entre la aprobación de APP y la planificación presupuestaria”, lo que podría llevar a la ejecución simultánea de megaproyectos sin considerar la capacidad fiscal. Esto generaría presiones insostenibles sobre el gasto público, afectando la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.
También alerta que la falta de evaluación exhaustiva y de controles adecuados podría fomentar la proliferación de adendas o controversias (demandas) entre el Estado y los concesionarios.
5. Escasa discusión técnica
El Consejo Fiscal sostuvo que el proceso de aprobación de la autógrafa de ley se realizó sin la necesaria discusión técnica ya que las iniciativas presentadas el 13 de marzo y el 8 de abril de 2025 fueron exoneradas del debate y evaluación de la comisión correspondiente el 14 de abril, e incluidas en la agenda del pleno del 16 abril.
“En la misma fecha el pleno del Congreso aprobó la propuesta (y la exoneró de segunda votación) sin un debate amplio de los diferentes grupos parlamentarios”, añadió.
6. Debe enmarcarse en una política nacional de infraestructura integral y coherente
El Consejo Fiscal considera que “el Gobierno debería marcar una hoja de ruta clara, definida técnicamente, que aborde integralmente la problemática de las brechas de infraestructura y de servicios públicos en el país, y que se sujete, en todos los plazos, al espacio fiscal disponible”.
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Jossie Pérez Saldaña Periodista de Economía
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