La tarde del 26 de marzo, el presidente Martín Vizcarra anunció la entrega de canastas a los hogares vulnerables para que puedan subsistir a la pandemia.

Había pasado 20 días desde que se declaró el inicio del Estado de Emergencia en todo el país. El mandatario comentó que el beneficio llegaría a 10 millones de personas. El Gobierno se comprometió en desembolsar S/213 millones a 1,874 municipalidades de todo el país para que estas compren y distribuyan las canastas.

Sin embargo, hoy en el día 87 en cuarentena, no todos los hogares pudieron recibir la ayuda. Según información de la Contraloría hay 49,136 canastas en riesgo de no llegar a las manos que lo necesitan.

¿Qué significa una “canasta en riesgo”?

Armando Canchanya, vocero de la Contraloría explicó a RPP Noticias que un proceso de adquisición en el Estado tiene pasos, en el caso de las canastas hay dos etapas que se deben conocer.

Primer paso: Habilitación del presupuesto

Cuando el Estado ordena comprar algo se asigna un presupuesto. En este caso está a nombre de cada municipalidad. Lo que debe hacer el municipio es “acreditar que ese presupuesto es suyo”. “No es recibir la plata todavía, pero es acreditarlo a tu nombre”

Segundo paso: Contratación

Aquí la municipalidad contrata al proveedor de canastas. Es el compromiso o contrato.

Una “canasta en riesgo” implica que la municipalidad “no ejecutó ni contrató”. Es decir, ninguno de los pasos que se requiere.

“Hay 49,136 familias en riesgo de no recibir esta ayuda , puede ser que la municipalidad lo haga, pero en este momento la alerta de Contraloría es decirles: Si no se ponen las pilas, ese número de canastas no llegarán a las familias”, explicó.

En ese sentido, Canchanya reveló que incluso “hay municipios que no han hecho nada”.

“Hay 20 municipalidades que no certificaron ni el 80% del total de los recursos. Son las que no llegarían a entregar canastas”, comentó.

Además, hay 6 municipios que “no han registrado ni beneficiarios ni proveedores de canastas”.

Según el Monitor de Control y Transparencia Covid-19 de la Contraloría, hay 107, 298 canastas por comprar.

“Esas quizá lleguen, las que están en rojo no quiere decir que no van a llegar, pero es muy probable que no. Es un porcentaje mínimo, pero es una cantidad de familias considerable”, agregó.

A nivel nacional, 11 regiones concentran, en cada una, más de 2 mil canastas en riesgo. La lista la lidera Lima, Piura y Lambayeque (Ver gráfico)

¿Qué falló?

Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico explica que hay dos temas que merecen atención.

“Primero la focalización, identificar a quién se le entregan las canastas. Hay funcionarios públicos que recibieron estas canastas, ahí hubo una debilidad. El otro tema es el procedimiento de compras. Si algunos lo han hecho y están con buen avance, ¿por qué otros no lo han hecho así? Es por la capacidad de realizar los proceso”.

Precisamente, la Contraloría detectó a 4,212 funcionarios y servidores públicos, a nivel nacional, beneficiados con canastas de víveres, a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable ya que sus ingresos netos fluctúan entre los S/1,200 y los S/ 10,000 mensuales.

¿Se pudo evitar esta situación?

Ramírez explica que el Gobierno Central pudo tener mayor control, “como comprar los productos en volumen, y quizá hacer más ágil en procedimiento de compras”.

 Si el objetivo era, o se esperaba que fuera, llegar a quien los necesitara se debió controlar más el proceso, porque al fraccionarla tanto se corren riesgos que ahora vemos.

“Uno de las reglas de la gestión pública es la responsabilidad de lograr objetivos. Si tengo que llegar a personas debo establecer responsabilidad, incluso responsabilidades ante el incumplimiento. Eso hace falta en la gestión pública no se siente que el plazo sea el plazo, hay un concepto que llamamos oportunidad, no está claro el sentido de oportunidad, de hacer algo un determinado tiempo y si no se hace, que haya consecuencias”, agregó.