El Pleno del Congreso aprobó un dictamen que establece que las empresas deberán asumir el costo de los equipos de protección personal y el costo de las pruebas de tamizaje para evitar enfermedades transmisibles como la COVID-19.
La iniciativa, aprobada con 97 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Esta medida aplicará tanto para el sector público como el privado con el fin de garantizar la seguridad y salud del personal.
Esta nueva disposición será aplicable cada vez que se declare un estado de emergencia sanitaria sin generar ningún costo o retención salarial a su personal.
La empresa deberá realizar la vigilancia epidemiológica de sus trabajadores y las pruebas de tamizaje que tendrán que estar acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud.
En un plazo de treinta días calendario, contados a partir de la vigencia de la ley, el Ejecutivo deberá adecuar estos cambios al reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
