A fines del 2015, llegó a las oficinas de Indecopi información que hasta ese momento era reservada: La empresa Protisa que distribuía en el país productos Elite y Noble reveló la existencia de un cártel empresarial, en conjunto con Kimberly Clark Perú.

Un cártel es un acuerdo secreto entre empresas competidoras para fijar ilegalmente el precio de un bien o servicio, afectando a los consumidores.

En ese momento, Protisa y Kimberly Clark Perú manejaban el 88% del mercado de papel higiénico en el país, lo cual implicaba ventas por S/800 millones anuales.

Los gerentes de ambas empresas se reunían en las salas de hoteles y cafés, entre el 2005 y 2014, para acordar el alza de precios de más del 20%.

Dos años después, y luego de recoger las pruebas, Indecopi logró sancionar a Protisa y Kimberly Clark Perú con S/ 104 millones 191 mil 434 y S/ 171 millones 659 mil 817, respectivamente.

Por ese trabajo fiscalizador, la ciudadanía ha ahorrado aproximadamente S/1,144,40 millones desde que se desarticuló el acuerdo para venta concertada de papel higiénico en 2015 al, según la Gerencia de Estudios Económicos (GEE) del Indecopi.

Sin embargo, este no es el único caso de cártel empresarial que ocurrió en el país.

 

 Caso Farmacias

 Los ejecutivos de cinco cadenas de farmacias (Arcángel, Fasa, Inkafarma, Mifarma y Felicidad) compartían correos electrónicos, pero el contenido no era precisamente para hablar de negocios, sino para concertar los precios de los medicamentos que distribuían perjudicando a los consumidores.

Estas empresas aprovechaban a los laboratorios que abastecían a las cinco cadenas se encargara de la coordinación y no dejar huellas.

Por ese motivo, Indecopi les impuso una multa de 2 274,46 UIT, equivalente a S/ 8 984 123,17 (US$ 2 641 992,95).

Caso GNV

Entre julio de 2011 y mayo de 2015 operó en Lima y el Callao, el cártel del Gas Natural Vehicular (GNV).

 En este caso, se multaron 63 empresas y 29 funcionarios con un total de más de S/459 millones, por acordar el incremento de sus precios, afectando a sus usuarios. 

 Según Indecopi, el beneficio ilícito de dichas empresas por la práctica fue de S/152.6 millones.

Caso avícola

 Este año, el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima declaró infundada la acción de amparo interpuesta por Avícola San Fernando.

Y es que, en 1997, la empresa, junto a otras avíciolas,  fue sancionada por Indecopi con una multa de 450 UIT, equivalente a un S/1,800,000 soles por concertar el precio del pollo -entre 1995 y 1996- a fin de obtener un ilegal aumento del precio. La empresa apeló el proceso.

Según Indecopi, dichas empresas acordaron controlar el peso, beneficiar y congelar carne de pollo (incluso pollos bebés), con la finalidad de reducir la oferta y evitar que los precios bajen de manera artificial.

Caso GLP

El Indecopi sancionó con más de S/74 millones, en primera instancia administrativa, a las empresas envasadoras Solgas, Lima Gas, Zeta Gas y a siete ejecutivos de dichas empresas, por concertar el precio del balón de GLP entre el 2008 y el 2011.

El cártel impuso a sus distribuidores (o mayoristas) aumentos que oscilaron entre S/ 0,23 y S/ 2,00 por el balón de 10 kg, que fue el principal producto afectado. El sobreprecio cobrado durante su existencia fue de 7,76 millones de soles.  La resolución de sanción fue apelada por las tres empresas citadas así como por seis personas naturales involucradas.