Por su parte, el laboralista Jorge Toyama dijo que las medidas no solo deben ir por el lado punitivo, reduciendo las multas laborales, sino también dar incentivos a la empresa privada.
El vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, Yonhy Lescano, advirtió que para ser aprobado, el paquete de medidas para reactivar la economía que presentará el Gobierno no debe vulnerar los derechos de los trabajadores.
“Hay que tener mucho cuidado en las decisiones, porque no vaya a ser que por favorecer a determinados sectores, que en este caso sería el empresarial, se pueda perjudicar al sector laboral, que es sector más vulnerable en estos momentos”, dijo a RPP Noticias.
Lescano detalló que una vez la comisión tenga el proyecto de ley con las propuestas del Ejecutivo, citarán a los ministros de Economía y de Trabajo para que sustenten las reformas.
Sin embargo, adelantó que recién en agosto analizarían el proyecto, pues la actual legislatura finaliza el próximo 20 de junio.
Como se recuerda, el paquete de medidas anunciado por el Gobierno tiene cuatro ejes centrales y plantea modificaciones en temas tributarios, temas laborales, temas ambientales y facilitación de inversiones públicas y privadas.
Por su parte, el abogado laboralista Jorge Toyama saludó las reformas planteadas por el Ejecutivo para reactivar la economía, pero dijo que estas no solo deben ir por el lado punitivo, reduciendo las multas laborales, sino también dar incentivos a la empresa privada flexibilizando la rigidez laboral.
Dijo que, por ejemplo, en el caso de un despido arbitrario, las modificaciones deberían apuntar a eliminar la posibilidad de reposición del trabajador, y que éste solo debería poder optar entre un seguro de desempleo o una indemnización.
“Otro aspecto que es extremo, si lo comparamos con la regulación internacional, es la reposición del trabajador en la empresa (…) La reposición debería ser sustituida por una mayor indemnización en todo caso”, refirió.
Respecto a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Toyama consideró que es absurdo que se exijan los mismos exámenes médicos a un empleado de una empresa de servicios y a uno de una minera o de una empresa manufacturera con mayores riesgos.
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