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por Fiorella Hokama
·La SNMPE advierte que el predictamen de la Ley MAPE perpetúa la informalidad y encubre minería ilegal. La presidenta del gremio criticó la creación del RENAPMA, entre otros puntos que ponen en riesgo la legalidad y el patrimonio del país.
Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se presentó en Economía Para Todos por RPP y expresó su preocupación ante el predictamen de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) que se debate en el Congreso. La SNMPE advierte que esta propuesta, lejos de formalizar el sector, encubriría la minería ilegal y generaría impunidad, poniendo en riesgo el patrimonio nacional y la estabilidad jurídica del país.
Según Torreblanca, el predictamen "encubre la continuidad del Reinfo, pero con un nombre distinto como Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, RENAPMA".
Este nuevo registro, tal como está planteado, permitiría la inscripción de mineros ilegales e incluso la invasión de zonas prohibidas, incluyendo áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas, o áreas operativas de titulares mineros formales; asegura Torreblanca.
Un proceso de formalización "indefinido"
La presidenta de la SNMPE califica el predictamen como "muy laxo, muy ambiguo, difuso", lo que abre la puerta a interpretaciones diversas y, una vez más, a la impunidad. Señala que el proyecto de ley es una "carta blanca para la informalidad perpetua" al no establecer plazos definidos ni requisitos claros. Incluso, flexibiliza los requisitos del Reinfo, permitiendo la inscripción con solo DNI o RUC y coordenadas georreferenciadas.
Además, Torreblanca enfatiza que el predictamen discrimina al exigir requisitos ambientales, de seguridad y laborales previos a los mineros formales, mientras que los inscritos en el RENAPMA solo tienen que "acreditar la presentación de las solicitudes ante las autoridades competentes".
Esto, en la experiencia del sector, no es una evaluación y generalmente da lugar a observaciones, lo que "incrementa las afectaciones al medio ambiente, la seguridad, los derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores, el patrimonio cultural y natural de nuestro país".
Los puntos cuestionables del predictamen de la Ley MAPE
La SNMPE rechaza la propuesta de una “servidumbre forzosa” que permitiría a mineros del RENAPMA explotar recursos dentro de concesiones de terceros sin autorización. Consideran que esto equivale a una expropiación indirecta e inconstitucional, ya que vulnera el marco legal que reconoce a la concesión como única vía para aprovechar recursos minerales. Además, advierten que esta medida generaría inseguridad jurídica, promovería ocupaciones ilegales y afectaría la inversión y estabilidad del sector.
También critican la creación de un régimen tributario especial para la pequeña minería y minería artesanal, calificándolo de desigual e inequitativo. A modo de ejemplo, señalan que estas podrían pagar menos del 10% de impuestos por ingresos de hasta S/ 1.3 millones, sin cumplir normas ambientales ni laborales, mientras que una mype paga el 10% por ingresos mucho menores.
Frente a la posible extensión del Reinfo hasta diciembre de 2026, la SNMPE advierte que perpetuaría la informalidad en el país. Proponen, en cambio, aprobar un nuevo régimen antes de fines de 2025, acompañado de un plazo de adecuación breve y claro para que los mineros puedan formalizarse progresivamente.
Impacto económico de la ilegalidad
Julia Torreblanca destacó que Perú pierde aproximadamente el 2.5 % de su PBI debido a la minería ilegal, con más de S/ 23,760 millones perdidos. Cerca de la mitad del oro producido en el país (aproximadamente el 47 %) es ilegal. Estos recursos, si fueran formales, podrían "estar duplicando los beneficios y cerrando brechas, construyendo escuelas, carreteras, postas en beneficio de los peruanos".
Finalmente, la SNMPE reitera la necesidad de un debate técnico sobre la Ley MAPE que establezca "derechos y deberes, pero que deban cumplirse". Invoca a la firma de un "pacto de transparencia contra la ilegalidad" que obligue a los partidos políticos y candidatos a revelar las fuentes de financiamiento de sus campañas, permitiendo a los peruanos elegir de manera informada a sus representantes.
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