MTC: Decisión del Ciadi sobre arbitraje de Línea 2 del Metro permitirá acelerar proyecto

La semana pasada el Perú perdió el arbitraje que mantenía con la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego que se probara que el Estado tuvo responsabilidad en la
demora de entrega de los terrenos para la construcción del proyecto.

El reclamo inicial de la sociedad concesionaria era de más de US$ 700 millones por daños y perjuicios. Pero, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) explica que esto aún está pendiente de definirse.

"Estoy convencido que el monto va a ser menor. Estamos efectivamente frente a un proceso que se ha desarrollado en condiciones complicadas para el Estado, es un contrato del 2014. El prelaudo que se tiene, aún va a ser auditado y definido en los montos exactos", dijo el titular del MTC, Eduardo González.

El ministro destaca que no todo es negativo pues "así como hay aspectos que significan un perjuicio económico, también tiene aspectos que nos va a permitir hacer que la línea 2 de Metro de Lima este culminada en corto tiempo".

González precisó que esta semana comenzará a funcionar la tuneladora que se usará para la construcción del túnel de la Línea 2, y con la reciente decisión del Ciadi se podrá continuar avanzando.

"Uno de los inconvenientes que teníamos para el funcionamiento de la tuneladora era la estación 28 de julio, ahí nosotros tenemos adquiridos lo terrenos, liberados los predios, pero el concesionario no los quería recepcionar porque señalaba que tenía que culminarse el acuerdo de optimización. Sin embargo, de acuerdo al laudo se indica que el concesionario está obligado a recepcionar todos los terrenos. Esto indudablemente va a permitir que la tuneladora empezando a funcionar no va a parar, no va a tener ningún inconveniente porque ya está resulto (el incoveniente técnico)", explicó.

El ministro indicó que con esto la Línea 2 ya estaría totalmente lista al 2024, y agregó que no tenerla lista le cuesta al país S/ 500 millones anuales, perjudicando tanto al Estado como a los ciudadanos.