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Confiep y CGTP piden al Ejecutivo llegar a un acuerdo con mineros artesanales e informales y exigen acabar con minería ilegal

Organizaciones mineras como Confemin exigen que se extienda el plazo de inscripción en el Reinfo y la promulgación de la Ley MAPE.
Organizaciones mineras como Confemin exigen que se extienda el plazo de inscripción en el Reinfo y la promulgación de la Ley MAPE. | Fuente: Andina

Jorge Zapata, presidente de Confiep, y Luis Villanueva, presidente de la CGTP, pidieron a los representantes mineros deponer "actitudes extremas" en el diálogo con el Ejecutivo y consideraron que los mineros ilegales estarían detrás de toma de carreteras.

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Las protestas mineras llevadas a cabo en diferentes regiones por pequeños mineros, mineros artesanales e informales mantienen desde ayer un cese temporal, luego de que la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), anunciara una tregua de 24 horas para instalar una mesa de diálogo con el Ejecutivo.

La decisión llega luego de que la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de Arequipa confirmara que un hombre de 27 años murió en Chala, distrito de Caravelí, Arequipa, lugar donde manifestantes y agentes policiales se enfrentaron ayer, viernes, luego de que los efectivos liberaran un tramo de la Panamericana Sur que se encontraba bloqueado desde hace más de 10 días.

Las organizaciones mineras demandan al Ejecutivo y al Parlamento que se derogue el decreto supremo que estableció el cierre de la formalización minera a través del Reinfo para diciembre de este año, además de la restitución de los 'reinfos' excluídos y la promulgación de la Ley MAPE.

¿Será posible que se logre llegar a un acuerdo considerando que el Gobierno ha anunciado que no retrocederá en el cierre definitivo del Reinfo? Ante ello, RPP consultó la opinión de Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP y expresidente de Capeco, y de Luis Villanueva, presidente de la GGTP y secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP).

Piden al Ejecutivo llegar a acuerdos, pero mantenerse firmes contra la minería ilegal

Luis Villanueva consideró que la actual crisis asociada a la minería "es un tema económico-social muy difícil", ya que no solamente afectaría a "trabajadores que son sobreexplotados" sino también al medio ambiente; además de generar "economías criminales que nos están haciendo tanto daño". No obstante, indicó que si las partes encuentran "temas comunes" se podría llegar a un acuerdo.

En ese sentido, pidió a los manifestantes deponer "actitudes extremas" y a los representantes del Ejecutivo a que busquen una salida "con altura y respeto" para con los mineros, pero "con firmeza". 

"Yo sí creo que, identificando los temas comunes, tanto para los mineros -me estoy refiriendo a esos 35 mil que todavía están inscritos en el registro- [como para] los representantes mineros, viendo lo que es más conveniente para su sector, que es la pequeña y micro minería, y también lo que beneficia al país, ponerse con las autoridades, deponiendo primero las actitudes, vamos a decir, extremas", sostuvo.

"Y los representantes del gobierno también, con altura, con respeto; pero, eso sí, con firmeza, con decisión […], creemos que sí puede haber salidas y podemos encontrar salidas, sino que hay que deponer a veces actitudes -no sé si la palabra es adecuada- extremistas. Hay que entender que, como peruanos, sí podemos encontrar algún tipo de solución para este tema del sector minero. Tiene que haber respeto, tiene que haber reconocimiento a los gremios que representan a estos mineros, diferenciando a la minería ilegal. Esa conversación, esa negociación tiene que ver con representantes de los mineros informales que están en proceso de formalización y también los mineros artesanales", acotó.

Sin embargo, Villanueva señaló que, en ese diálogo, el Ejecutivo debe hacer una distinción entre mineros artesanales e informales y aquellos que se dedican a la minería ilegal. 

"Hay que hacer una diferenciación. Los mineros artesanales son aquellos mineros que obtienen el mineral de filón, como se dice, pero hay estos mineros que están contaminando los ríos, nuestra selva; que tienen dinero para comprarse grandes dragas, destruyen las dragas, vuelven a comprar. Yo me estoy refiriendo a ese tipo de mineros ilegales, porque ellos, además de depredar el medio ambiente, también se ha dicho que hay un millón de personas que trabajan para estos tipos de mineros y esos son sobreexplotados […] Hay gente inescrupulosa que ni siquiera saca un gramo de material de la mina, pero recauda todo ese mineral y él es el que lo vende, trafica con esto, y al verdadero minero artesanal pequeño le da lo que se le antoja. Muchas veces hasta se queda con su mineral", remarcó.

"Entonces, hay un millón de personas en esta situación que tienen vivienda, que tienen familia y tienen que subsistir. Hago un llamado a las autoridades, tanto al Ejecutivo como al Congreso, para que no cedan a las presiones. Es momento de tomar decisiones firmes, atender a los verdaderos mineros informales, artesanales, ayudarles a que se formalicen, pero hay que darle con todo a la minería ilegal, porque están haciendo mucho daño al país", puntualizó. 

Por su parte, Jorge Zapata resaltó que "no baja de los 8 mil millones de dólares" el dinero "que mueve la minería ilegal hoy en día", capital que, según indicó, sería con el que se financia actividades criminales.

"En esta ronda de conversaciones que tenemos por la seguridad ciudadana, hace mucho tiempo que invitamos a gente que conoce el tema y, efectivamente, maneja números que han sorprendido a todos los que hemos estado en esas mesas. Estamos hablando de 12 mil millones de dólares en uno de los casos, algunas cifras apuntan a un poco menos, pero yo creo que no baja de los 8 mil millones de dólares que mueve la minería ilegal hoy en día", indicó.

"Hay que diferenciar claramente entre el minero informal, el minero artesanal y el minero ilegal. Ese minero que, a pesar de que sabe que está contaminando los ríos, como el río Nanay, y que de ese río se sirven poblaciones para tomar agua, sigue ahí con sus dragas y metiéndole mercurio al agua. Esos mineros que están en Madre de Dios, en La Pampa, que han deforestado y destruido miles de hectáreas, con ellos no se puede dialogar", enfatizó.

Por ese motivo, subrayó que el diálogo del Ejecutivo debe ser con quienes en verdad sean mineros artesanales y con aquellos que tienen real intención de formalizarse.

"Yo creo que el diálogo tiene que ser con los mineros artesanales, pero que de verdad sean mineros artesanales y mineros que vayan en proceso de formalización. Pero estos grandes capitales -porque, tampoco nos vamos a engañar, las dragas cuestan- tienen equipo pesado, tienen maquinaria de la línea amarilla, plantas concentradoras. No son mineros pequeñitos, mineros artesanales que trabajan con sus brazos, su pico y su pala", aseveró.

"Hay que ser firme con esta minería ilegal, porque hay que acabarla de una vez […] Nos encontramos ante una encrucijada nuevamente como país: el seguir considerando o tolerando estas economías ilegales que se apoderan del país y que no son gente pobre. Son gente que tiene muchos recursos y que explotan al minero artesanal de verdad. No le pagan beneficios sociales, los hacen entrar a socavones sin ninguna seguridad, etc. Además, traen muchísima violencia, traen crimen organizado, traen peleas, guerras entre mafias, y toda la violencia que se ha generado, en gran parte, es por las economías ilegales. Entonces, hay que diferenciar muy bien y tener mucho cuidado con la minería ilegal y la minería artesanal. Y a la minería ilegal hay que condenarla", agregó.

En esa línea, Zapata señaló que los mineros ilegales son aquellos que estarían detrás de las tomas de carreteras que se han reportado en los últimos días. 

"No se puede permitir que el Estado intente formalizar, intente llevar por un camino y acoja a los mineros que, por lo menos, han actualizado su ‘reinfo’ en los últimos cuatro años, para darle una oportunidad más hasta el 31 de diciembre. Pero que haya gente que esté detrás de los supuestos mineros informales y que no son más que mineros ilegales, tomando carreteras y afectando los derechos de terceros. El derecho a la protesta lo reconoce la Constitución y lo reconocemos todos, pero [...] nadie tiene el derecho a quitarle el derecho del trabajo a otras personas, el derecho a emprender, el derecho a transportarse, el derecho a transportar sus productos, el derecho a que su emprendimiento no se vea quebrado porque no dejan transportar un producto", puntualizó. 

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