Nueve conflictos sociales están a punto de estallar en Perú

Más conflictos se avecinan en el Perú. De acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo hay nueve conflictos sociales a punto de estallar en el país a los cuales el Gobierno debe atender con urgencia, principalmente por temas socioambientales debido a reclamos a empresas mineras y de hidrocarburos.

Tres de estos conflictos se ubican en Junín, mientras que las otras regiones son Cusco, Moquegua, Tacna, Piura, Ancash y Cajamarca.

En el caso de Junín, está el conflicto por el reinicio de las operaciones de Doe Run donde los pobladores, trabajadores, organizaciones y autoridades demandan que el operador del centro metalúrgico de La Oroya cumpla con el programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA), que permita la preservación de la salud de las personas, el ambiente y la continuidad laboral de los trabajadores.

Otro conflicto se da en la selva central de Junín donde representantes del pueblo Kakinte señalan el plan de ampliación realizado por la empresa Repsol en las operaciones de gas en el lote 57 uniendo  otros lotes como el 56 y 88, ensancharía la frontera de gas desde el Cusco hasta el Tambo.

Esto implicaría una extensa superposición a sus territorios en las reservas de este pueblo así como los Machiguenga, Reserva Comunal Asháninka, las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Otishi, de la Reserva Comunal Asháninka y de la Reserva Comunal Machiguenga y la Reserva Territorial Nahua, Kugapakori, Nanti, donde se encuentran pueblos indígenas no contactados.

Asimismo figura el reclamo de las comunidades campesinas San Pedro de Pari, Huayre, Cochamarca, Matacancha, San Juan de Ondores, Santa Clara de Chuiroc, Villa Junín, Carhuamayo de la provincia de Junín, y las comunidades campesinas de Vicco y Ninacaca de la provincia de Pasco que demandan la descontaminación del lago Chinchaycocha y compensaciones por afectación a territorio comunal e impactos ambientales generados por actividades Minero e Hidroenergéticas desarrolladas.

En Tacna hay oposición del municipio provincial y organizaciones sociales a la extracción de aguas superficiales y subterráneas por parte de Southern Perú Copper Corporation (SPCC) a favor de sus centros mineros Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua), que estarían afectando los ríos Callazas, Tacalaya y Salado.

Esta misma empresa tiene problemas con las autoridades, agricultores y representantes del Frente de Defensa del Distrito de Torata reclaman a SPCC, en explotación desde hace varios años, compensación por los impactos ambientales.

En el caso del Cusco, La comunidad Campesina de Pumallacta demanda el retiro de la empresa minera Anabi por incumplimiento de compromisos asumidos y por posibles afectaciones ambientales.

Además, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEPS) de Ancash convocó a una paralización en la provincia de Huari en contra de las empresas mineras Antamina y Nyrstar, quienes no estarían cumpliendo con sus compromisos de responsabilidad social, así como por los impactos generados en el medio ambiente.

En el norte el caso Conga se mantiene latente ya que autoridades, representantes de organizaciones de sociedad civil y comuneros de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc demandan se declare la inviabilidad del proyecto minero.

Asimismo, el Frente de defensa de los intereses de la bahía y provincia de Sechura, y el Frente de las Asociaciones de maricultores artesanales de Parachique rechazan las concesiones de exploración y explotación de los lotes Z 2B y Z6 de la empresa Savia Perú en la Bahía de Sechura, señalando que contaminan el mar en el que ellos realizan su actividad productiva.