Empresa de telecomunicaciones prepara demanda de arbitraje contra el Estado peruano cuestionando la fórmula del Factor de Productividad, y podrían reclamar hasta S/.180 millones.
El presidente del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Gonzalo Ruiz Díaz, reveló que Telefónica del Perú prepara una demanda contra el Estado que podría impedir la reducción de las tarifas fijas por los próximos seis años.
En declaraciones a la revista ‘Caretas’, detalló que hace dos semanas llegó a la reguladora una carta de la empresa en la que citan a sus representantes para una audiencia de conciliación como paso previo a una demanda de arbitraje.
La razón de esta demanda es que Telefónica cuestiona la fórmula del Factor de Productividad por la cual se revisa cada tres años la tarifa de telefonía fija desde el año 2000, lo que ha permitido su reducción a lo largo del tiempo.
Este Factor de Productividad busca que los ahorros que va alcanzando la empresa se vayan trasladando al usuario progresivamente a través de la reducción de tarifas.
Sin embargo, ahora la empresa de capitales españoles pretende que se le devuelvan esas reducciones. “Si el tribunal arbitral les da la razón podrían reclamar hasta 180 millones de soles”, advirtió Ruiz Díaz.
Pero al ser imposible que los usuarios devuelvan el dinero, “sería un saldo a favor (de la empresa) que no permitirá bajar las tarifas de aquí a seis años. No creemos que sea la mejor manera de resolver las discusiones entre el regulador y empresa”.
Telefónica es la única empresa de telecomunicaciones que ha recurrido al tribunal arbitral y ha ganado 4 de 5 procesos emprendidos contra el Estado.
Sin embargo, Ruiz Díaz criticó el sistema de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), al indicar que “está pensado para la solución de controversias entre privados”.
“La figura se ha forzado para ventilar aspectos de políticas públicas y tarifarias. Y es conocido que en este sistema de arbitraje el Estado termina perdiendo”, indicó.
Añadió además que los laudos arbitrales son secretos, no están sujetos a escrutinio público y no hay doble instancia.
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