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por Fiorella Hokama
·Carlos Gallardo, gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que la falta de normativas claras y de trazabilidad del mineral fomenta el tráfico ilícito y el lavado de dinero.
Es necesario que el Perú coordine con países fronterizos para lograr un combate efectivo contra la salida de oro ilegal; así lo afirmó Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE). Ello debido a que no existe una forma de fiscalizar la trazabilidad del mineral que se exporta y salen por las fronteras.
“Si tú no tienes esta capacidad de coordinación entre los países, va a ser difícil combatir la minería ilegal también, porque está en todas las fronteras”, indicó en una entrevista con el programa Diálogos Mineros, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
En este marco, Gallardo indicó que es necesario que haya normas internacionales y que sean compartidas por otros países, como Ecuador, Bolivia, Colombia y Brasil; ya que existe un vacío legal en la normativa peruana que no permite identificar el origen del oro que se envía a países como la India, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Suiza y Canadá.
Por ello, el especialista considera que es posible que, en el conteo de exportaciones legales, se esté camuflando oro ilegal, producido por organizaciones criminales vinculados a mineros ilegales.
Este escenario también ocurre en el rastreo de lavado de dinero que proviene de la minería ilegal, puesto que no existen leyes necesarias en nuestro país que se encarguen de fiscalizar esta actividad ilegal. Según información de la Fiscalía, esta actividad movería hasta $ 12,000 millones al año.
¿Cuál es la posición del ejecutivo sobre la norma aprobada que amplía el reinfo?
El Congreso de la República aprobó recientemente una ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de prorrogar por única vez por seis meses más, mediante un decreto supremo emitido por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Esta medida, avalada con 87 votos a favor, busca brindar un marco transitorio hasta la promulgación de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).
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