San Fernando pagó una multa de más de un millón de soles por concertar precio del pollo en 1997, sin embargo continúa apelando sanción ante el Poder Judicial.
El Poder Judicial desestimó la acción de amparo de la Avícola San Fernando contra el Indecopi que comprendía pagar una multa de S/ 1 millón 80 mil por concertación de precio del pollo ocurrida en 1997.
Concertación en los noventa
Luego de haber transcurrido 23 años de cometida la infracción y 8 años desde que la Corte Suprema de Justicia sentenció en última instancia judicial el caso, el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima declaró infundada la acción de amparo interpuesta por San Fernando, respecto de la reapertura de un proceso culminado en 1997.
El Indecopi, a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, sancionó, en 1997, a diversas avícolas por infringir el anterior Decreto Legislativo N° 701, Ley que Elimina las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia (derogado por el vigente Decreto Legislativo 1034), toda vez que, según las investigaciones efectuadas, dichas empresas acordaron controlar el peso, beneficiar y congelar carne de pollo (incluso pollos bebés), con la finalidad de reducir la oferta y evitar que los precios bajen de manera artificial, esto es, sin que tal reducción fuera consecuencia de la competencia entre ellas.
Proceso continúa
El ente fiscalizador señaló que en este caso, la concertación acordada por estas avícolas privó a los consumidores de su derecho a elegir entre distintos proveedores, precios y calidades.
San Fernando S.A. impugnó la mencionada sanción ante el Poder Judicial, proceso que culminó el 04 enero de 2011 con el pronunciamiento de la Corte Suprema de la República que declaró improcedente el Recurso de Casación que solicitaron. El Indecopi añadió que la compañía peruana canceló en aquella oportunidad la mukta de 450 IUT impuesta.
El Indecopi continuará firme con la defensa legal contra la acción de amparo de San Fernando S.A. y mantendremos informada a la ciudadanía sobre el resultado del caso en la Corte Superior, debido a la importancia de este caso en relación con la defensa de la libre competencia.
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