El primer ministro Ernesto Álvarez afirmó que el Ejecutivo aún no ha definido una postura sobre la prórroga del Reinfo, cuya extensión al 2029 evalúa el Congreso. Además, advirtió sobre el impacto fiscal de más de 220 leyes no observadas y anunció acciones para defender la estabilidad económica.
Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros (PCM), se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y se refirió al destino del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Ello, se debe a la presión de algunas voces dentro del Congreso que buscan prolongar la vigencia del Reinfo hasta el año 2029, a pesar de los compromisos previos para que este no se extienda más allá de diciembre del presente año.
Al ser consultado sobre la posición del Ejecutivo ante este tema, Álvarez fue enfático en que el recién instalado gabinete aún no ha definido una postura.
"El problema es que, con 7 días en el gobierno, el gabinete y el señor presidente todavía se ha tomado posición con respecto al Reinfo," declaró.
Álvarez trasladó la responsabilidad inmediata de la decisión al Poder Legislativo, destacando el impacto social que implica cualquier medida adoptada.
"La responsabilidad inmediata recae en el Congreso. Ellos tienen que tomar la decisión de cara a la sociedad, porque cada una, cualquier decisión que ellos puedan tomar, va a tener consecuencias graves con miles de familias," explicó.
El Presidente del Consejo de Ministros indicó que una vez que el Congreso tome una determinación, el gabinete ministerial se dará "el tiempo necesario para evaluar con expertos y tomar una posición".
En cuanto a las herramientas constitucionales que posee el Ejecutivo para intervenir en el proceso legislativo, Álvarez recordó que, si el gobierno llegara a oponerse a una posible ley de prórroga, tendría la capacidad "de observar la ley e incluso de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal".
La alerta del Consejo Fiscal ante las leyes aprobadas por el Congreso
Esta semana, el Consejo Fiscal reveló que existen más de 220 leyes no observadas por el Poder Ejecutivo, cuyo impacto fiscal es millonario, lo que reavivó las preocupaciones sobre el manejo de las cuentas públicas.
Álvarez afirmó que el gobierno priorizará la estabilidad económica y presupuestal, considerada la “viga maestra” de la Constitución económica.
Expertos, como Alonso Segura, recomendaron que el MEF interponga demandas de inconstitucionalidad para evitar que estas normas —algunas con gastos futuros, como la creación de universidades públicas— comprometan el presupuesto de los próximos años.
Álvarez criticó un precedente del Tribunal Constitucional (TC) que permite al Congreso aprobar leyes con gastos diferidos, calificándolo de “alquimia constitucional”. Recordó que el Congreso no puede crear gasto público y advirtió que hacerlo podría generar un caos fiscal.
Finalmente, el gobierno presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución del TC, buscando preservar los recursos para la recuperación económica y política del próximo quinquenio. Los analistas advierten que el impacto de estas leyes podría agravar la situación fiscal en el futuro.