Se presentó un proyecto de ley que propone nacionalizar Telefónica del Perú, declarando su expropiación de interés público para crear una empresa estatal (TELPERÚ). La medida busca garantizar conectividad, proteger fondos de AFP y cobrar deudas tributarias. ¿Qué impacto tendría?
Una propuesta legislativa fue presentada ante el Congreso de la República, buscando declarar de "necesidad pública e interés nacional" la nacionalización de la empresa Telefónica del Perú S.A.A.. El Proyecto de Ley N°11565/2024-CR tiene como objetivo principal proteger los intereses de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), salvaguardar el capital de proveedores y garantizar la conectividad en todo el territorio nacional.
¿Qué dispone esta iniciativa?
El proyecto de ley establece la expropiación de todas las acciones, activos y operaciones de Telefónica del Perú S.A.A., incluyendo las empresas creadas entre marzo y junio de 2020 como PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech Perú. Para ello, se dispondrá de un plazo de 30 días calendario.
En cuanto a la indemnización, se contempla el pago del justiprecio correspondiente a la última operación extrabursátil de venta del 99.3 % de las acciones de la empresa. Sin embargo, el Poder Ejecutivo deducirá de este monto las deudas tributarias, sanciones regulatorias y penalidades que la empresa tenga con el Estado peruano.
La iniciativa propone la creación de una nueva empresa pública de derecho privado, "Telecomunicaciones Nacionales del Perú" (TELPERÚ), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que asumirá la gestión bajo un esquema de gobierno corporativo.
Un Consejo de Vigilancia supervisará la gestión, conformado por representantes del MTC, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), acreedores de bonos y trabajadores. Se garantiza que el régimen laboral de los trabajadores continuará siendo el mismo, con excepción de los puestos de dirección vinculados directamente a la nacionalización.
Los argumentos detrás de la propuesta
La exposición de motivos del proyecto de ley detalla una serie de críticas y preocupaciones en torno a la gestión de Telefónica del Perú desde su privatización en 1994. Se menciona el contexto de la privatización inicial, donde se habrían revelado "múltiples evidencias documentarias, testimonios y sentencias judiciales que muestran que el proceso de privatización estuvo fuertemente contaminado por prácticas corruptas".
Entre las principales justificaciones para la nacionalización se encuentran:
- Deficiencias en el Servicio y Cobertura: A pesar de haber gozado de un monopolio temporal y una expansión significativa, se critica la calidad del servicio, las tarifas elevadas y las brechas de cobertura, especialmente en zonas rurales y periféricas, lo que ha generado "enormes críticas". Se señala que la empresa no invirtió lo suficiente en infraestructura, mostrando un "desmantelamiento progresivo de su patrimonio".
- Millonarias Deudas Tributarias: Telefónica del Perú mantendría una "deuda financiera considerable" con el Estado peruano, incluyendo una deuda tributaria significativa con SUNAT que supera los S/ 4,974 millones, además de multas por parte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) por incumplimientos reiterados de las normativas de calidad y continuidad del servicio.
- Problemas Laborales y de Gestión: Se denuncia un modelo de gestión empresarial basado en la "flexibilización laboral, precarización y elusión empresarial", con acusaciones de abusos laborales, subcontratación excesiva y desvinculación de responsabilidades patronales.
- Preocupaciones por la Soberanía y Conectividad: La propuesta subraya la importancia estratégica de las telecomunicaciones para la "soberanía nacional, la seguridad digital y la continuidad de los servicios públicos esenciales". Se argumenta que el control de la infraestructura de red por parte de una empresa extranjera genera riesgos para la seguridad cibernética y la defensa nacional.
Los beneficios y riesgos potenciales
Los promotores de la ley argumentan que la nacionalización permitiría la recuperación del servicio público, garantizaría la conectividad universal, y promovería el desarrollo económico y la seguridad nacional. Se busca revertir lo que se percibe como un deterioro del servicio y la falta de inversión por parte de Telefónica.
Sin embargo, una medida como esta también conlleva importantes riesgos y costos potenciales, como el monto de la indemnización, que podría ser significativo. Además, se advierte sobre un posible impacto negativo en la imagen del país ante los inversionistas extranjeros, el riesgo de demandas internacionales (CIADI) y una potencial afectación a la calificación crediticia del Estado.
El debate sobre la nacionalización de Telefónica del Perú se enmarca en un contexto más amplio de discusiones sobre el rol del Estado en sectores estratégicos y las consecuencias de procesos de privatización pasados, con referencias a casos como la nacionalización de YPF en Argentina o del cobre en Chile, que se utilizan para analizar posibles escenarios.
La propuesta de ley subraya la necesidad de una "intervención estatal" en un sector considerado clave para el desarrollo del país, generando un intenso debate sobre su viabilidad legal, económica y política.
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