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Alejandro Sánchez es incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior

Alejandro Sánchez
Alejandro Sánchez | Fuente: Andina

El Ministerio del Interior ofrece S/ 30 000 por información sobre el paradero de Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea en donde despachó el presidente Pedro Castillo durante sus primeros días de su gobierno.

El Ministerio del Interior incluyó a Alejandro Sánchez, dueño de la casa ubicada en el jirón Sarratea donde el presidente Pedro Castillo despachó durante los primeros días de su mandato, en el Programa de Recompensas de dicha cartera. Asimismo, ofreció S/ 30 000 a cualquier ciudadano que ofrezca información relacionada con su paradero.

El Mininter precisa que Sánchez Sánchez tiene una requisitoria por el presunto delito de organización criminal. Como se recuerda, el último miércoles 16 de agosto el Poder Judicial ordenó 30 meses de prisión preventiva como parte de la investigación que se le sigue por el caso ´Gabinete en las sombras´.

Desde la clandestinidad, Sánchez participó de la audiencia en su contra y manifestó que mantiene su condición de prófugo porque considera "natural" que uno se proteja a sí mismo.

"Yo decidí no entregarme a la Fiscalía porque no he cometido ningún delito y es natural autoprotegernos. (...) Ligado a permanecer escondido por esta persecución sin causa ni razón. Nada de lo que dicen los fiscales, en base a las fuentes de información que hacen referencia, es verdad. Lamento que se utilice a la justicia para repetir narrativas de personas que han cometido delitos y que afecten mi honra y reputación", dijo durante su intervención.

El dueño de la casa de Sarratea permanece en calidad de prófugo de la justicia desde el último 11 de octubre. En aquella oportunidad, la Policía Nacional del Perú llegó hasta su domicilio para detenerlo; sin embargo, no logró encontrarlo.

 

Poder Judicial determinó también 30 meses de prisión preventiva para miembros del ´Gabinete en la sombra´

Los otros implicados en la investigación, Jenin Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara y Biberto Castillo, también recibieron 30 meses de prisión preventiva, ya que el juez Víctor Zúñiga Urday determinó que existen graves y fundados elementos de convicción que respaldan la tesis del Ministerio Público.

"Existe un alto grado de sospecha –grave y fundada– de que la tesis fiscal, hasta este estado de la investigación, tiene asidero fáctico y probatorio; por lo que no son de recibo las alegaciones vertidas por la defensa. Por el contrario, los elementos de convicción analizados constituyen datos objetivos suficientes que refuerzan la tesis fiscal", se puede leer en la resolución que conmina a prisión a los exfuncionarios ligados al presidente Castillo Terrones.

 

 


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