Alertan deficiencias en sistema de prevención y gestión de conflictos

Experto en negociación de conflictos Luis Felipe Polo advirtió en ´Enfoque de los sábados´ de RPP Noticias que la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM se encuentra en un nivel bajísimo.
Foto: EFE

 

El grupo de panelistas que acudió en “Enfoque de los sábados” de RPP Noticias coincidió en que todo los conflictos sociales se pueden prever siempre y cuando se garanticen los mecanismos para este fin.

La doctora en conflictos sociales Giselle Huamaní anotó que los conflictos se pueden prever si uno hace el seguimiento a los reportes de la Defensoría del Pueblo o el de otras organizaciones de la sociedad civil. De esta manera se puede identificar cuáles son las demandas, las urgencias y prioridades de las comunidades.

No obstante, opinó que el sistema normativo, técnico y administrativo del Estado respecto a esta materia tiene grandes deficiencias para atender los 277 conflictos latentes.

Asimismo, consideró que estos problemas responden a determinadas problemáticas, diferentes una de otra, y que por lo tanto una sola región atiende múltiples agendas que los actores involucrados, concesionarias y el Estado, no logran articular a fin de lograr el desarrollo de la región.

Por su parte el psicólogo social Sandro Macasii lamentó que mientras en otros países se preparan equipos de prevención, en Perú solo hay grupos de crisis a propósito de los recientes actos de violencia en Puno.

Señaló que no existe un sistema de gestión de conflictos con un enfoque preventivo lo cual implica que no haya técnicos preparados ni protocolos para atender las demandas debido y que las normas en cuestión se remontan a los años 90 y no hay sido adecuadas a los nuevos tiempos. Además, cuestionó que la gestión de conflictos se centralice y no se tenga en cuenta la opinión de los involucrados y de las regiones.

Sin embargo, reconoció que es un avance la ley de participación de participación aunque aún persiste la desidia y falta de voluntad, priorizando los ingresos que generan las concesiones.

A su turno el experto en negociación de conflictos Luis Felipe Polo acotó que el Estado no tiene que caer en los mismos errores respecto al surgimiento de los conflictos, aunque criticó que la oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros se encuentra "en un nivel bajísimo".

Consideró que el próximo gobierno debería trabajar en este despacho porque las demandas serán muy grandes en los próximos cinco años, posicionando a personas con peso político para manejar la conflictividad.

El también experto en derechos humanos recomendó que se tiene que mejorar la capacidad de negociación cuando estallan las protestas y consideró, finalmente, que el presidente electo Ollanta Humala debería invocar a los grupos sociales para que otorguen una tregua hasta el cambio de gobierno.

El experto en temas mineros Miguel Santillana  cuestionó que el Estado desplace su función de realizar la consulta previa a las empresas cuando el propio gobierno tiene que informar y explicar a las comunidades por qué entrega las concesiones sobre el suelo.

Igualmente, refirió que el Estado tiene que resolver todas las preocupaciones de las poblaciones y criticó que se negocie con líderes de frentes defensa y jamás con autoridades electas democráticamente como los alcaldes locales.

Advirtió que si se retiran algunas concesiones el próximo gobierno tendrá problemas en financiar las propuestas planteadas como “Pensión 65” dado el ingreso tributario que generan.

El antropólogo Javier Torres opinó cualquier actividad que modifica la dinámica de una sociedad genera conflicto, pero en el caso peruano apenas llega el primer memorial de protesta a una oficina estatal se archiva.

Anotó en referencia a la participación de las poblaciones que este derecho es definido por la empresa y el ministerio de turno solo “le da un check”. Consideró que las concesionarias señalan que la participación se reduce a visitar el yacimiento minero o un spot radial o aviso en algún diario.

Alertó que en esta etapa existe una relación asimétrica en beneficio de la compañía y se cree que el Estado solo tiene que interferir cuando estalla el conflicto. Asimismo, aclaró que la consulta previa no es un referéndum sino un proceso de negociación.