Derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad en el Perú

Human Rights Watch es  una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa y la protección de los derechos humanos. Según el informe  “Yo quiero ser una ciudadana como cualquier otra’: Obstáculos para la participación política de personas con discapacidad en Perú”, los efectos de una política, modificada apenas en octubre de 2011, negó de manera arbitraria el derecho de sufragio a personas con discapacidades sensoriales, intelectuales y psicosociales por considerar que eran jurídicamente incapaces para tomar esa decisión.

El informe ha sido elaborado a partir de entrevistas con más de 100 personas con discapacidad y sus familiares, además de funcionarios del gobierno peruano y defensores de personas con discapacidad; analiza los obstáculos que enfrentan estas personas para ejercer sus derechos políticos, incluidas las dificultades que supone obtener documentos de identidad indispensables para votar, y la ausencia de mecanismos de asistencia para ayudar a personas con discapacidad a tomar decisiones sobre votación.

LA INTERDICCIÓN JUDICIAL

El informe muestra que el sistema de interdicción judicial vigente en el país —que sujeta a las personas a un régimen de tutela— y los registros públicos que indican oficialmente que las personas presentan una “discapacidad mental” generan obstáculos para casi todos los aspectos de la vida. Estas políticas pueden impedir a las personas abrir una cuenta bancaria, obtener un empleo, poseer o heredar bienes, contraer matrimonio o firmar documentos oficiales en representación de sus hijos.

A través del sistema de interdicción, el Código Civil de Perú permite que un juez declare que una persona con cierta discapacidad intelectual o mental es incapaz de cuidar de sí misma o de sus bienes y designe a un tercero para actuar en su representación. El efecto de este proceso es suspender los derechos civiles de la persona bajo tutela, indicó  Rebecca Schleifer, directora de Incidencia del Programa de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch.

Sin embargo, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que estas deberían “[tener] capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”. El comité que fiscaliza la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha instado al gobierno peruano a “poner fin a la práctica de interdicción judicial”.

El Perú no cuenta con un sistema para ayudar a personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones. Ante la ausencia de un mecanismo de esa naturaleza, se comprobó que algunos familiares solicitaban su tutela legal, ya que percibían que era el único medio contemplado por el derecho peruano para proteger sus bienes o intereses jurídicos, incluido el derecho a percibir una pensión o los beneficios de seguridad social.

SUFRAGIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad de Perú también pueden enfrentarse a obstáculos físicos y de otra naturaleza cuando procuran ejercer el derecho a voto. La ley electoral de Perú exige que los funcionarios adopten medidas para garantizar la accesibilidad de los centros de votación.  Numerosas personas con discapacidad física y observadores electorales contaron a Human Rights Watch que muchas mesas de sufragio eran inaccesibles.

También se recibió denuncias de que, durante las elecciones municipales y presidenciales de 2010 y 2011, en algunas mesas de sufragio no se encontraban disponibles boletas en braille, como lo exige la ley. Algunas personas con discapacidad que habían solicitado asistencia para votar no pudieron recibir ayuda, según contaron a Human Rights Watch.

Las personas con discapacidad psicosocial e intelectual enfrentan obstáculos y desafíos adicionales al momento de votar, comprobó Human Rights Watch. El gobierno no ha preparado materiales electorales para facilitar su participación; los funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que administran o vigilan procesos electorales reciben pocas directrices sobre cómo pueden ayudar a estos votantes a llegar a las mesas de sufragio y votar.

“El gobierno debe asegurarse de que el personal que trabaja en elecciones esté en condiciones de ayudar a que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a voto”, señaló Schleifer. “De lo contrario, las voces de miles de peruanos continuarán quedando excluidas del proceso político”.

UNA NUEVA LEY DE RESPETO A LA CONVENCIÓN

Para que Perú cumpla sus obligaciones conforme al derecho internacional, el Congreso debería actuar sin demora y promulgar una nueva ley que asegure el respeto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, expresó Human Rights Watch. El gobierno también debería adoptar medidas urgentes para garantizar a todas las personas con discapacidad la misma capacidad jurídica que a los demás ciudadanos, por ejemplo, reformando el Código Civil y restableciendo los derechos civiles de quienes se encuentran bajo un régimen de tutela.

En la última década, las autoridades peruanas han excluido de manera sistemática a más de 23,000 personas con discapacidad intelectual o psicosocialdel padrón electoral. Estas personas fueron excluidas porque no podían obtener un documento nacional de identidad, indispensable para votar, o bien porque contaban con documentos de identidad donde se consignaba que padecían una “discapacidad mental” y, por ende, no tenían derecho a votar o tomar otras decisiones legales, financieras o incluso personales.

En octubre de 2011,  el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), uno de los organismos gubernamentales a cargo de los procesos electorales, dictó una resolución que dejaba sin efecto esta política y se comprometió a trabajar en colaboración con los organismos relevantes del gobierno para resolver la situación sin demora.

“El gobierno ha anunciado su intención de reconocer plenamente los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó Schleifer. “El siguiente paso es cumplir esta promesa, para que los peruanos con discapacidad puedan ejercer sus derechos de ciudadanía como todos los demás”.

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POR NUESTRA GENTE es un programa que se trasmite por RPP Noticias los domingos a las 7:00 de la noche con la conducción de Mabel Valenzuela.