Ecuador continúa proyecto minero criticado por ecologistas e indígenas

El Gobierno de Ecuador puso este lunes en marcha, con financiación de su mejor aliado, China, su primer megaproyecto minero a cielo abierto, considerado clave para el desarrollo del país pero criticado por grupos de ecologistas e indígenas.

El contrato del proyecto, desde hoy en manos de la china Ecuacorriente S.A., fue suscrito esta tarde en el Palacio de Carondelet, la sede del Ejecutivo en Quito, con la presencia del presidente ecuatoriano, Rafael Correa.

Ecuacorriente, con una inversión de casi 1.500 millones de dólares prevé extraer cobre en la zona de El Pangui, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en el sureste de Ecuador, donde algunas comunidades se han opuesto al proyecto por temer que esta pueda devastar la naturaleza.

Por ello, un grupo de ecologistas protagonizó hoy una protesta en las afueras de la embajada china en Quito y varias mujeres ingresaron en esa sede para presentar su queja en una carta, en la que aseguraban que el proyecto minero "afectará para siempre territorios de los pueblos indígenas y a la naturaleza".

"Rechazamos la firma del contrato anunciado y por ello nos declaramos en ocupación no violenta de la embajada China", señalaba la misiva.

Posteriormente, la Policía desalojó por la fuerza a los manifestantes y unas ocho mujeres fueron detenidas.

Alexandra Almeida, una de las manifestantes que se quedó afuera, dijo  que existen "muchas irregularidades" en esa concesión, ya que los estudios de impacto ambiental "aún no están aprobados".

Convocan marcha de protesta

Grupos opuestos a la minería, especialmente de indígenas, convocaron a una marcha de protesta que comenzará el próximo jueves en Zamora Chinchipe y que prevé llegar a Quito el 22 de este mes.

En respuesta y durante la ceremonia de suscripción del contrato, el presidente Correa criticó duramente a quienes se oponen a la minería y dijo que no hay país en el mundo que no se haya desarrollado sin el aprovechamiento de sus recursos naturales.

Para Correa, detrás de las protestas están grupos a los que identificó como "izquierdismo infantil", "indigenismo" y ciertos sectores intelectuales que se oponen a la minería, según él, por ignorancia, por ser contrarios al Gobierno o por defender intereses propios y no los del país.

"Toda actividad humana tiene algún efecto en la naturaleza", admitió Correa, pero aseguró que los proyectos mineros en Ecuador, por orden constitucional, tendrán que "minimizar" los efectos contaminadores y cumplir los máximos estándares ecológicos.

Aunque admitió que la extracción minera a cielo abierto es "bastante invasiva" del entorno, ese impacto se puede recuperar hasta en un 95 por ciento cuando el proyecto termina, agregó, tras negar tajantemente que se vayan a afectar las fuentes de agua, como temen los indígenas contrarios a la operación.

"Un país para desarrollarse necesita aprovechar sus recursos naturales" y los primeros beneficiarios deben ser los sectores donde se asienten este tipo de proyectos, añadió Correa al señalar que la nueva Ley de Minería establece que, "al menos, el 60 por ciento" de las regalías del negocio irán a las comunidades de influencia.

Participación del Estado

De su lado, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, dijo que el contrato establece una participación del Estado del 52 por ciento en la renta, la cual incluso podría ajustarse al alza si sube el precio de los minerales.

Pástor fue quien suscribió con el apoderado de Ecuacorriente, Li Ton King, el contrato que tendrá una vigencia de 25 años y que prevé entregar al Estado ecuatoriano unos 20.000 millones de dólares en ese periodo.

También remarcó que en la operación en El Pangui se incorporará la mejor tecnología disponible para minimizar el impacto ambiental y garantizar, como manda la Constitución del país, una minería "responsable con la sociedad y el ambiente".

Los opositores al proyecto "no tienen el derecho a conculcar el desarrollo" del país y de las comunidades beneficiarias, agregó Pástor, tras destacar el apoyo de Chile (sobre todo de expertos de Codelco y Cochilco) en la negociación del contrato.

La producción de Ecuacorriente comenzará a finales de 2013 y alcanzará su máximo en 2015. Las autoridades estiman que las reservas podrían superar los 5.000 millones de libras de cobre.

EFE