Cerca de 25 mil vehículos de carga serán afectados con medida, mientras los informales que transportan insumos químicos no están obligados a usar GPS.
La Asociación Nacional de Empresas de Transportes de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos del Perú (ANETCOPERU) anunció medidas de protesta públicas para exigir al Gobierno reconsidere el Decreto Legislativo 1103 que los obliga a utilizar un dispositivo GPS y al pago mensual, por monitoreo, a una empresa privada.
Dicho decreto fue promulgado el pasado 4 de marzo y entre sus puntos señala que los vehículos de carga que transporten diésel, gasolina y gasohol están obligados a instalar el GPS y en caso de infringir la ley se encuentran expuestos a cumplir penas de cárcel hasta por ocho años.
Luis Huamán Guerra, presidente de la Asociación, explicó que ellos no se oponen a la lucha contra la minería ilegal e informal y menos aún al control, pero consideró que la medida es arbitraria porque no aplica el mismo rigor para todos los camiones tanques y cisterna del país y deja en libertad a los informales que trasladan insumos químicos.
Dijo también que la instalación de los GPS demandará una inversión de más de cinco millones de dólares y un pago anual de cuatro millones doscientos mil dólares que beneficiarán directamente a una empresa particular.
“Es sospechoso, por decir lo menos, que algunos funcionarios de OSINERGMIN estén interesados en aplicar esta norma a nuestra asociación que agrupa a más de nueve mil vehículos y a los transportistas de gas doméstico que son otros 15,000 vehículos y no exijan el GPS a los que transportan mercurio, cianuro de potasio y cianuro de sodio, quizá tratarse de un grupo reducido de unidades en todo el Perú y no le resulta rentable”, indicó Huamán.
Frente a esta situación, Huamán señaló que la asociación que representa viene solicitando una reunión con los representantes del Ejecutivo para tratar el tema y un acuerdo que garantice un control real de los insumos que pueden ser utilizados por la minería ilegal e informal, sin perjudicar a los transportistas formalmente constituidos.
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