CIDH: EEUU viola derechos de niños y familias con deportaciones

La CIDH determinó que las deportaciones de EE.UU. violan los derechos de los niños y de las familias, al dictaminar en favor de dos inmigrantes que fueron expulsados del país por haber cometido delitos y separados de sus seres queridos.

En lo que es el primer caso en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trata la separación de familias por las deportaciones de inmigrantes, el organismo publicó hoy el informe de fondo sobre el caso de Wayne Smith y Hugo Armendariz, en el que determina que Estados Unidos ha violado cinco derechos.

El informe, aprobado por la Comisión el 12 de julio, concluye que EE.UU, violó los artículos V, VI, VII, XVIII y XXVI de la Declaración Americana: el derecho a la protección a la honra, a la reputación personal y a la vida privada y familiar; a la maternidad y a la infancia; de residencia y tránsito; de Justicia, y a un proceso regular.

"Es una decisión sin precedentes", dijo en una conferencia telefónica Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL), parte denunciante.

David Baluarte, uno de los abogados de CEJIL, afirmó que la CIDH "ha concluido que existe una violación sistemática de los derechos humanos en el proceso de las deportaciones de EE.UU.", mientras que Erin Shipola, quien habló en nombre del abogado Robert Pauw, destacó que la decisión "demuestra la necesidad urgente de una reforma".

El caso, admitido en 2006, se refiere a Wayne Smith y Hugo Armendariz, ambos residentes legales en Estados Unidos durante 15 y 30 años, respectivamente, que fueron deportados por haber cometidos delitos no violentos, pero calificados por el país de "graves".

Smith nació en Trinidad y Tobago y se trasladó a EE.UU. en 1967 cuando tenía 10 años.

En 1974, Smith se convirtió en residente legal permanente en Estados Unidos. En 1990 fue acusado de posesión de cocaína e intento de distribución, cargos por los que cumplió tres años de prisión.

En 1996 contrajo matrimonio con Ann Hoyte, una estadounidense con quien tiene una hija estadounidense, Karina Ann.

Smith tiene además dos hijas mayores de una relación anterior que también viven en EE.UU.

Pese a ello, en 1997 un juez de inmigración rechazó la solicitud de Smith de una dispensa por razones humanitarias y ordenó su deportación a Trinidad, a donde llegó un año después.

Smith reingresó a Estados Unidos en 1999 y volvió a Maryland, donde residió con su familia hasta que la Policía lo detuvo por una violación de tráfico en marzo de 2001. Fue expulsado nuevamente ese año.

Los denunciantes resaltaron que la deportación de Smith ha tenido "efectos nocivos" sobre su familia, pues, entre otras razones, su esposa es una paciente sobreviviente de cáncer de mama, que necesita tratamiento de radiación y ha perdido su seguro de salud.

Por su parte, Hugo Armendariz nació en México pero vino a EE.UU. en 1972 cuando tenía dos años y se convirtió en residente legal permanente seis años después.

Está casado con una estadounidense, tiene una hija adolescente estadounidense y una joven hijastra adulta también estadounidense.

Armendariz no tiene familiares cercanos en México, tampoco vínculos significativos con ese país y no lee ni escribe en español.

En 1995, fue condenado por posesión de cocaína para la venta, posesión de parafernalia de drogas, y por obstaculizar el juicio.

En 1997, un juez de inmigración expidió una orden de deportación y se rehusó a considerar la dispensa solicitada.

Armendariz apeló la decisión y presentó una solicitud de habeas corpus y su caso llegó, sin prosperar, al Tribunal Supremo, que desechó sus peticiones en 2003.

Después de estudiar el caso de Smith y Armendariz, la CIDH emitió cuatro recomendaciones al Gobierno estadounidense, las cuales no cumplió.

En su informe, reitera que debe permitir a ambos regresar a EE.UU,, reabrir los procedimientos de inmigración y permitir que presenten sus defensas por razones humanitarias con respecto a su expulsión.

También pide que permita que un juez de inmigración independiente aplique una prueba de equilibrio, considere sus defensas por razones humanitarias y provea una reparación si fuera necesario.

Por último, solicita que implemente leyes para asegurar que los derechos a la vida familiar de los residentes no ciudadanos estén debidamente protegidos y gocen del debido proceso en una base de caso por caso en los procedimientos de inmigración sobre expulsión.

EFE