Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú permite avances en la sociedad civil

A un año de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, se abordó este tratado regional, que busca asegurar la protección ambiental y defensa de defensores de derechos humanos, en la primera Conferencia de las Partes (COP 1), que se desarrolló del 20 al 22 de abril en Santiago de Chile, y donde la sociedad civil logró importantes avances en la implementación de este tratado en América Latina y El Caribe.

La COP1 del Acuerdo de Escazú ha marcado un hito histórico a nivel global, porque se logró, con la participación del público, la aprobación de las reglas del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (artículo 18 del tratado), que estará integrado por expertos, para asegurar su efectiva implementación, en colaboración con la sociedad civil.

De esta manera, la Red Regional Escazú y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, con el apoyo de la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, presentaron un balance de la COP1 del Acuerdo de Escazú desde la sociedad civil.

En la conferencia de prensa, la abogada colombiana Natalia Gómez, representante del Público y parte de EarthRights International, señaló que “ahora el público puede enviar una comunicación para indicar si un Estado no está cumpliendo con su rol" y se adoptarán medidas para proteger a personas que están llevando información, como es el caso de los defensores y las defensoras ambientales.

A su turno, Carmen Capriles, representante de la Red Regional de Escazú y miembro de la organización Reacción Climática - Bolivia, afirmó que no han sido días fáciles porque hubo representantes de los Estados, como Bolivia, que quisieron trabar las negociaciones sobre los reglamentos del Acuerdo de Escazú y las reglas de procedimiento del comité.

Capriles hizo un llamado al gobierno de Bolivia para abrir un diálogo con las diversas organizaciones, un diálogo inclusivo para poder hacer propuestas concretas que beneficien a todos. “Creo que este llamado no solo va para Bolivia sino para todos los países que son parte del Acuerdo de Escazú, para que en estos diálogos el público tenga mayor voz, mayor representatividad”, indicó.

En tanto, Óscar Daza, coordinador de derechos humanos y paz de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y el punto focal político del Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD) de la COICA, manifestó su deseo de que los países que aún no forman parte del Acuerdo se adhieran, como es el caso de Colombia.

Por su parte, Johana Mendoza, representante de la Plataforma de Jóvenes Escazú - Perú y comunicadora de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), recalcó que se han incrementado los crímenes de defensores y defensoras del medio ambiente, por lo cual también pidió que el Estado de Perú debe ratificar el tratado regional con el cual se pueden detener los graves daños medioambientales, así como salvar vidas indígenas.

“América Latina y el Caribe son los lugares más peligrosos para los defensores y defensoras del medio ambiente. En Perú, existe un mecanismo para protegerlos, pero no ha servido de mucho debido a la pasividad del Estado. Queremos evidenciar los delitos ambientales que aún no han tenido una respuesta. Queremos vincularlo al Acuerdo de Escazú teniendo en cuenta la interculturalidad y poder tomar acciones cuando ocurran estos casos. Pedimos al gobierno que ratifique el Acuerdo de Escazú”, dijo Mendoza.

La Red Regional Escazú busca promover e incidir en la importancia de la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú en la región de América Latina y el Caribe. Tiene sus orígenes en el Mecanismo Público Regional del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Participan cerca de 27 organizaciones de la sociedad civil de la región.