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por Agencia EFE
·El expresidente filipino Rodrigo Duterte afirmó haber sido trasladado a la base "en contra" de su propia voluntad y cuestionó los motivos de su detención por la Policía filipina al afirmar que no le presentaron los motivos de su arresto.
El expresidente filipino Rodrigo Duterte cuestionó su detención este martes por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes contra la humanidad durante su sangrienta campaña contra las drogas, y se pregunto qué crimen había cometido.
"¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?", dijo Duterte desde la base aérea de Villamor, donde fue trasladado tras ser arrestado esta mañana en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, según un vídeo compartido en la red social Instagram por su hija Verónica.
El expresidente afirmó haber sido trasladado a la base "en contra" de su propia voluntad y cuestionó los motivos de su detención por la Policía filipina al afirmar que no le presentaron los motivos de su arresto.
Verónica Duterte, que se encuentra junto con su padre en la base militar, calificó además la detención de ilegal al carecer de orden judicial.
Estas declaraciones se suman a otras similares pronunciadas en las últimas horas por seguidores del político, entre las llamadas a la calma del senador Bong Go, exasesor especial del expresidente, que lamentó sin embargo que las autoridades no le dejasen entrar en la base militar a la que se había desplazado dispuesto a entregar él mismo una pizza al detenido.
La cuestionada guerra contra las drogas de Duterte
Frente a las denuncias de ilegalidad de Duterte, la oficina presidencial señaló en un comunicado que el arresto tuvo lugar después de que Interpol en Manila recibiera esta mañana la copia oficial de la orden de arresto de la CPI.
El fiscal general del país asiático presentó la notificación de la CPI por crímenes de lesa humanidad, según la fuente, y el expresidente fue escoltado por las fuerzas de seguridad fuera del aeropuerto.
El exmandatario llevó a cabo una guerra contra las drogas durante su mandato, entre 2016 y 2022, en la que murieron unas 6 000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30 000.
La Corte Penal Internacional inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
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