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por Redacción RPP
·El último recurso que le quedaba a Teresa Lewis para escapar a la inyección letal por matar a su esposo e hijo político en 2002, fue descartado.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó hoy la petición de clemencia presentada por los abogados de Teresa Lewis, que se convertirá el jueves en la primera mujer ejecutada en el país desde 2005, pese a las protestas por su presunta discapacidad mental.
La apelación ante el Supremo, el último recurso que quedaba a Lewis para escapar a la inyección letal, fue descartada después de que sólo Sonia Sotomayor y Ruth Ginsburg, dos de los nueve miembros del tribunal, votaran a favor, indicó a la prensa local un portavoz de la máxima corte.
El gobernador de Virginia, Robert McDonnell, negó por su parte el pasado viernes la indulgencia a Lewis, que será ejecutada el jueves a las 9 de la noche (01.00 GMT del viernes) en el centro correccional de Greensville, en la localidad de Jarratt, donde se halla presa.
La de Lewis será la primera ejecución de una mujer que tiene lugar en Virginia en casi un siglo, desde 1912, y la duodécima en el país desde que se restauró la pena de muerte en 1976.
Su sentencia, emitida en 2003, desató una intensa campaña que en los últimos meses ha hecho llegar a la oficina de McDonnell casi 4.000 peticiones de clemencia, entre ellas las de grupos de salud mental, representantes de la Unión Europea y el escritor John Grisham.
Los defensores de Lewis, una de las 53 mujeres que se encuentran en el corredor de la muerte en Estados Unidos, alegan que su bajo coeficiente intelectual, de 72, roza el límite legal según el cual una ejecución es inconstitucional.
El baremo utilizado por el Tribunal Supremo para medir el retraso mental es un coeficiente de 70 o inferior.
Lewis, de 41 años, fue condenada tras declararse culpable de ordenar a dos hombres, uno de ellos su amante, que asesinaran a su marido y a su hijo político en 2002.
Según la acusación, ella misma planeó el crimen a sangre fría y con el objetivo de quedarse con el dinero del seguro de vida, lo que le confiere una mayor responsabilidad sobre los homicidios que a los autores materiales, condenados a cadena perpetua.
Los abogados denuncian que la mujer padece además un trastorno de personalidad que la hace dependiente y han presentado una carta en la que uno de los dos hombres acusados reconoce que manipuló a Lewis para convencerla de que había que asesinar a su marido.
En un artículo de opinión publicado por Grisham en el Washington Post la semana pasada, el escritor considera que el juez que la sentenció "creyó erróneamente" que Lewis tenía la capacidad suficiente para ser la mente pensante en un doble homicidio, lo que demuestra que "en Virginia, la ley apenas es consistente".
El gobernador de Virginia, republicano y defensor de la pena de muerte, señaló que, tras leer todos los documentos enviados por los abogados, no vio razones para concederle clemencia, dado que "ningún médico ha concluido que padezca retraso mental".
"La pregunta para mí era: ¿hay algo que pueda suponer un error judicial al permitir que la ejecución siga adelante? No encontré ninguna razón convincente", escribió el gobernador en un documento judicial, según el Washington Post.
En 2010 han sido ejecutadas 38 personas en todo el país, dos de ellas en el estado de Virginia.
EFE
La apelación ante el Supremo, el último recurso que quedaba a Lewis para escapar a la inyección letal, fue descartada después de que sólo Sonia Sotomayor y Ruth Ginsburg, dos de los nueve miembros del tribunal, votaran a favor, indicó a la prensa local un portavoz de la máxima corte.
El gobernador de Virginia, Robert McDonnell, negó por su parte el pasado viernes la indulgencia a Lewis, que será ejecutada el jueves a las 9 de la noche (01.00 GMT del viernes) en el centro correccional de Greensville, en la localidad de Jarratt, donde se halla presa.
La de Lewis será la primera ejecución de una mujer que tiene lugar en Virginia en casi un siglo, desde 1912, y la duodécima en el país desde que se restauró la pena de muerte en 1976.
Su sentencia, emitida en 2003, desató una intensa campaña que en los últimos meses ha hecho llegar a la oficina de McDonnell casi 4.000 peticiones de clemencia, entre ellas las de grupos de salud mental, representantes de la Unión Europea y el escritor John Grisham.
Los defensores de Lewis, una de las 53 mujeres que se encuentran en el corredor de la muerte en Estados Unidos, alegan que su bajo coeficiente intelectual, de 72, roza el límite legal según el cual una ejecución es inconstitucional.
El baremo utilizado por el Tribunal Supremo para medir el retraso mental es un coeficiente de 70 o inferior.
Lewis, de 41 años, fue condenada tras declararse culpable de ordenar a dos hombres, uno de ellos su amante, que asesinaran a su marido y a su hijo político en 2002.
Según la acusación, ella misma planeó el crimen a sangre fría y con el objetivo de quedarse con el dinero del seguro de vida, lo que le confiere una mayor responsabilidad sobre los homicidios que a los autores materiales, condenados a cadena perpetua.
Los abogados denuncian que la mujer padece además un trastorno de personalidad que la hace dependiente y han presentado una carta en la que uno de los dos hombres acusados reconoce que manipuló a Lewis para convencerla de que había que asesinar a su marido.
En un artículo de opinión publicado por Grisham en el Washington Post la semana pasada, el escritor considera que el juez que la sentenció "creyó erróneamente" que Lewis tenía la capacidad suficiente para ser la mente pensante en un doble homicidio, lo que demuestra que "en Virginia, la ley apenas es consistente".
El gobernador de Virginia, republicano y defensor de la pena de muerte, señaló que, tras leer todos los documentos enviados por los abogados, no vio razones para concederle clemencia, dado que "ningún médico ha concluido que padezca retraso mental".
"La pregunta para mí era: ¿hay algo que pueda suponer un error judicial al permitir que la ejecución siga adelante? No encontré ninguna razón convincente", escribió el gobernador en un documento judicial, según el Washington Post.
En 2010 han sido ejecutadas 38 personas en todo el país, dos de ellas en el estado de Virginia.
EFE
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