Argentina: Cristina Fernández de Kirchner será procesada por corrupción

Un juez de Argentina presentó hoy cargos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato (2007 - 2015) al grupo Austral, informaron fuentes judiciales.

En el expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y que llevó a Fernández de Kirchner a declarar como investigada el pasado octubre, se estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, amigo del fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente en prisión por otro caso de presunto lavado de dinero, en detrimento de las arcas del Estado.

Ercolini ordenó además un embargo por 10 mil millones de pesos (664 millones de dólares) de la exmandataria y el procesamiento de Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.

El expediente detalla que a la exmandataria se la acusa por haber "perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país".

Por ello, Fernández de Kirchner ha sido acusada como "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".

Ercolini dijo que "se encuentra acreditado" que además de Fernández, De Vido, López y Báez, otros funcionarios públicos de alto cargo durante el Gobierno de Cristina como Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner (todos procesados), "y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada", formaron parte de una asociación que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo de 2003 al 9 de diciembre de 2015.

"Destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz", remarca el dictamen.

EFE