El país vecino celebró un referendo para consultar sobre medidas para combatir la corrupción. También afronta el reto de integrar al masivo éxodo venezolano que escapa del chavismo.
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El flamante presidente de Colombia, Iván Duque, ha hecho suyos los objetivos del referendo popular realizado este domingo. Promovido por dirigentes ecologistas y movimientos de la sociedad civil, los colombianos fueron convocados a contestar siete preguntas destinadas a combatir la corrupción y restablecer la confianza en las autoridades.
Pese a las reservas del partido del presidente, mayoritario en el Congreso y la oposición de su fundador Álvaro Uribe, Duque ha sido capaz de diferenciarse de su mentor y afirmar: “En la lucha contra la corrupción tenemos que estar unidos todos los colombianos, esta no es una causa de color político ni una causa ideológica, es el compromiso de todo un país, y todos los esfuerzos suman”.
Se calcula que la corrupción cuesta a Colombia 3,000 millones de dólares cada año, penalizando la inversión pública, obstruyendo la privada y favoreciendo los intereses de las mafias de narcotraficantes. Aunque no se alcanzó la participación mínima requerida para dar fuerza de ley a la respuesta ciudadana, el contundente “Sí” del 99% de los participantes ha dado una indicación clara sobre la motivación de los colombianos para terminar con una plaga que nosotros conocemos demasiado bien en el Perú.
Por eso Duque concluyó sosteniendo que la realización del referendo “ha ratificado la salud de la democracia colombiana”.
Otro desafío que compartimos con Colombia es el planteado por la llegada masiva de venezolanos: más de un millón en Colombia, más de 400,000 en el Perú. Puesto que es regional la crisis producida por las nefastas consecuencias sociales del gobierno de Nicolás Maduro, la solución debe ser también regional.
Por eso es bienvenida la reunión de las autoridades migratorias de Perú, Colombia y Ecuador, que tratarán de unificar políticas públicas que satisfagan tres objetivos: respetar el mandato humanitario de acoger a seres humanos forzados a dejar sus hogares, evitar el ingreso de personas con antecedentes penales y organizar la incorporación de los migrantes a una actividad productiva.
La mayoría de los economistas considera que, si se cumplen esos objetivos, la más grande migración que nuestro país haya recibido puede terminar siendo beneficiosa para nuestra economía y nuestra sociedad.
Un héroe caído
La muerte de un senador ha conmovido a la sociedad estadounidense más allá de las fronteras del mundo político. John McCain fue miembro del Congreso durante más de treinta y seis años, pero antes tuvo una brillante carrera en la Marina de Guerra, en la que también fueron almirantes de cuatro estrellas su padre y su abuelo. Fue prisionero de guerra en Vietnam, país en el que fue torturado durante seis años, lo que le produjo daños corporales irreparables.
McCain rehusó ser repatriado mientras otros camaradas permanecieran detenidos en Vietnam. “Si resistí y no sucumbí a la tentación del suicidio fue porque me repetía cada día que la Fuerza Armada de mi país no tortura, ni trata a los prisioneros como era tratado yo. Nosotros respetamos códigos morales”.
McCain fue candidato presidencial contra Barack Obama el 2008 pero se negó a avalar la campaña que ponía en duda la nacionalidad y la religión de su adversario. Sus principios lo llevaron a oponerse primero a George Bush por la guerra de Irak y los últimos años a Donald Trump, por su recurso a la mentira y al sectarismo que divide al país en dos bloques irreconciliables.
Cuando McCain ya estaba desahuciado por un cáncer al cerebro, Trump lo ofendió diciendo que no le gustaban “los héroes perdedores”. El marino-congresista añadió en su testamento que no era deseada la presencia Trump en los funerales nacionales que le corresponden.
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