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por Redacción RPP
·Es la primera vez en España que la Fiscalía se pronuncia a favor de investigar los crímenes de lesa humanidad y torturas durante el franquismo desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica.
La Fiscalía española ha pedido al juzgado que investigue las torturas de la policía franquista a un sindicalista en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, invocando por primera vez la nueva Ley de Memoria Histórica, que abre la puerta a indagar crímenes de la dictadura que la Ley de Amnistía impedía perseguir.
En su informe, presentado ante el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, el Ministerio Público apoya la admisión a trámite de la querella por torturas que el sindicalista Carlos Vallejo presentó contra seis policías franquistas por torturarlo en la comisaría central de Barcelona.
Es la primera vez en España que la Fiscalía se pronuncia a favor de investigar los crímenes de lesa humanidad y torturas durante el franquismo desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que según mantiene el Ministerio Público permite investigar ese tipo de delitos por la vía penal.
En concreto, el dictamen del Ministerio Público invoca el artículo 29 de la Ley de Memoria Histórica, que establece que el Estado "garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión de la guerra y la dictadura, así como el período que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución Española".
Informe de la Fiscalía
En su informe, la Fiscalía recuerda que la nueva ley "impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista".
Por ese motivo, el Ministerio Público considera que es necesario investigar los hechos y "su contexto", antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento, al tiempo que insiste en que su obligación no es solo garantizar el derecho a la justicia sino a la "verdad y reparación de las víctimas".
(EFE)
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