La insatisfacción con la gestión del jefe de Estado frente a la pandemia del coronavirus también se extendió a grupos de derecha que hace cinco años salieron a las calles para exigir la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff y apoyaron la elección de Bolsonaro en 2018.
Con caravanas de vehículos y hasta de bicicletas en al menos 50 ciudades, los movimientos sociales y sindicales de Brasil exigieron este sábado que el presidente Jair Bolsonaro sea sometido a un juicio político destituyente por su cuestionada gestión frente a la pandemia del coronavirus.
Los desfiles de vehículos llamando la atención con sus bocinas y portando banderas y carteles con mensajes contra Bolsonaro y en favor de medidas eficaces contra la pandemia se multiplicaron en las capitales regionales, pero también en ciudades medianas.
Los manifestantes quieren que el Congreso ponga en discusión alguna de las 57 peticiones de apertura de juicio político destituyente contra Bolsonaro que han sido presentadas a la Cámara de Diputados y que cuestionan al jefe de Estado principalmente por su negacionismo frente a la gravedad de la pandemia.
Las manifestaciones de este sábado fueron convocadas en las redes sociales por los partidos de izquierda, centrales sindicales y las poderosas coaliciones Frente Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, que reúnen a enormes organizaciones sociales como el Movimiento de los Sin Tierra (MST) y la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE).
Las caravanas tuvieron la adhesión de cientos de vehículos en las mayores ciudades, pero no fueron multitudinarias como otras protestas contra Bolsonaro debido a que sus organizadores optaron por convocar a los manifestantes en automóviles para no provocar aglomeraciones.
BOLSONARO, "OBSTÁCULO" PARA SUPERAR LA PANDEMIA
Para los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, el líder ultraderechista se ha convertido en un obstáculo para que Brasil pueda superar la actual crisis sanitaria, así como las crisis económica y política, por lo que es necesario presionar al Congreso para que lo juzgue y discuta su posible destitución.
Brasil, con 210 millones de habitantes, es uno de los epicentros globales de la pandemia; el segundo país con más muertes en el mundo por la COVID-19 después de Estados Unidos, con unos 215 000 fallecidos, y el tercero con más contagios, con 8,7 millones de casos.
Pese a ello, Bolsonaro se mantiene como uno de los gobernantes más negacionistas sobre la gravedad de la COVID-19, que llegó a tildar de "gripecita"; se opone a las medidas de distanciamiento social y hasta al uso de tapabocas e insiste en que la eficacia de las vacunas no está científicamente probada y que pueden tener efectos secundarios que los laboratorios se niegan a asumir.
Los movimientos sociales también quieren que, ante la llegada de una segunda ola de la pandemia a Brasil, el Gobierno vuelva a distribuir los subsidios que distribuyó el año pasado entre 66 millones de familias de desempleados, informales y pobres para ayudarlos a paliar los efectos de la crisis sanitaria.
La insatisfacción con la gestión del jefe de Estado frente a la pandemia también se extendió a grupos de derecha que hace cinco años salieron a las calles para exigir la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff y apoyaron la elección de Bolsonaro en 2018.
Las presiones por la salida de Bolsonaro ganaron fuerza el viernes con la divulgación de una encuesta que mostró que la evaluación negativa del mandatario subió hasta el 40 % y la evaluación positiva cayó hasta el 32 %. (EFE)
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