El fiscal general de Brasil, también solicitó a la corte suprema la apertura de una investigación a Lula da Silva, y al abogado del gobierno, Eduardo Cardozo.
La Fiscalía brasileña solicitó abrir una investigación a la presidenta del país, Dilma Rousseff, por supuesta obstrucción a la Justicia, según publicaron los principales medios nacionales en la noche del martes, en un nuevo giro de la profunda crisis política que sacude al gigante sudamericano.
De acuerdo con las informaciones de Globo, Folha de Sao Paulo y Estadao, el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó a la corte suprema la apertura de una investigación a la mandataria, que enfrenta el período más delicado de su proceso de impeachment (juicio político), así como a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y al abogado del gobierno, Eduardo Cardozo.
Ésta es la primera vez que el Ministerio Público pide autorización para investigar a Rousseff, que hasta el momento no había sido indagada por ningún cargo de corrupción. Ahora la corte suprema deberá de decidir si acepta la petición y la mandataria se convierte oficialmente en investigada.
El fallido nombramiento de Lula
En el centro de las sospechas vuelve a estar la fallida designación de Lula como ministro jefe de su gabinete, que para la Fiscalía pudo tener como objetivo "desordenar" las investigaciones sobre el expresidente (2003-2010) que llevaba a cabo el magistrado de primera instancia Sergio Moro.
Encargado de juzgar el multimillonario fraude en Petrobras, y convertido ahora en un símbolo de la lucha anticorrupción, el propio Moro divulgó horas después del nombramiento una conversación grabada entre Rousseff y Lula, que según la Fiscalía podría ser un indicio de los motivos reales de la designación.
La presidenta siempre ha asegurado, sin embargo, que invitó a su predecesor a su gobierno por motivos estrictamente políticos, en un momento en que perdía a sus aliados.
Este nuevo golpe revelado por los medios le llega a Rousseff más cerca del precipicio que nunca, justo una semana antes de que el pleno del Senado decida si la aparta 180 días de su cargo para dar inicio a su juicio de destitución.
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