Cristina Kirchner es investigada por el caso de la supuesta red de pago de sobornos para adjudicar contratos de obra pública en Argentina entre 2003 y 2015.
El Senado de Argentina autorizó este miércoles a la Justicia realizar registros en las casas de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, imputada en una causa en la que se investigan millonarios sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios de los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).
Tras dos intentos fallidos de tratar el asunto en las dos últimas semanas, ya que ni siquiera se pudo iniciar el debate, finalmente hoy los senadores votaron a favor, por unanimidad, de que el juez Claudio Bonadio lleve adelante allanamientos en los domicilios de Fernández en Buenos Aires y el sur del país, en busca de pruebas.
Al estar aforada, cualquier decisión de la justicia que apunte al arresto de Fernández o el registro de sus propiedades debe pasar por el pleno de la Cámara Alta, en la que ningún bloque tiene mayoría absoluta pero el peronismo -al que pertenece la expresidenta pero está dividido en varios sectores- es el movimiento con más peso.
Este visto bueno de la Cámara llega después de que este martes la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) trasladara a sus compañeros que no tiene "ningún inconveniente" en que autoricen los registros, con el fin de "terminar" con el "show montado" alrededor de unos "allanamientos sin fundamentos".
"Hostigamiento permanente"
La senadora había puesto como condiciones que no hubiera registros gráficos de los operativos y que estuvieran presentes sus abogados y un senador o senadora designados por ella, así como que se resguarden sus objetos de uso personal y los que conforman el ajuar de las casas.
Sin embargo, no se prevé que Bonadio acepte estas peticiones, que fueron muy polémicas durante toda la sesión y que la exjefa de Estado defendió por estar sufriendo una "manipulación descarada, humillante y grosera" de "hostigamiento permanente" y previendo que, en el caso de que se graben imágenes de sus casas, acabarán saliendo por los medios de comunicación.
Mientras sus correligionarios más próximos la defendían en sus intervenciones, con fuertes críticas hacia el Gobierno de Mauricio Macri -que aseguran es el que mueve los hilos para perseguir a Fernández y que no se hable de la situación económica del país-, otros miembros del oficialismo o la oposición avalaron que se dé el visto bueno a la solicitud del juez.
EFE
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