2021: Balance del año en inseguridad ciudadana

El 2021 no solo rebotó la economía peruana, también lo hizo la criminalidad. Así como en años de prepandemia, la inseguridad vuelve a retomar su posición como uno de los principales problemas que aquejan a la ciudadanía. La encuesta de Lima Cómo Vamos señaló que un 79.6% de la población de Lima y Callao se siente insatisfecha con la seguridad ciudadana.

Adicionalmente, según cifras de la Policía Nacional, de enero a noviembre, se registraron 512 homicidios en Lima Metropolitana; de los cuales 225 fueron indicados como sicariato. En el Callao, en el mismo periodo, se cometieron 264 asesinatos, de los cuales 205 son investigados como por encargo. Es decir, de enero a noviembre, se registraron 776 homicidios en Lima y Callao, de los cuales el 56% (430) son investigados como sicariato.

Por su parte, Osiptel informó que se roban, en promedio, cerca de 4 mil celulares al día.

El balance

El investigador en temas de seguridad Wilson Hernández estimó que en este segundo año de pandemia las prioridades estuvieron en lo sanitario, con lo que la seguridad ciudadana fue relegada.

“Al margen de esta nueva priorización nueva que introdujo el COVID-19, no se ha notado de parte de las distintas autoridades estatales una planificación para ver cómo enfrentar la recuperación del crimen frente al periodo de pandemia. Sabíamos que había caído, y que se iba a recuperar, pero no hemos escuchado un plan claro de cómo la Policía Nacional y el Ministerio del Interior iban a afrontar esta situación”, expresó.

El general (r) PNP Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú, manifestó que los actos delincuenciales este año han tenido como característica principal el uso de la violencia. En esa línea, coincide la antropóloga e investigadora en temas de seguridad Cecilia Caparachin, quien indica que hay un incremento de victimización con armas de fuego. Según datos de INEI, la victimización con armas de fuego en Lima Metropolitana pasó de 7.6% en el 2013 a 16.3% al mes de abril de 2020.

“Me parece que hay más sensación de miedo y también hay un poco más de violencia en los delitos que se cometen. Los seres humanos llegan hasta donde se les permite. Cuando no hay presencia fuerte de seguridad del Estado, la delincuencia puede seguir avanzando. Eso podría estar pasando con el tema de la violencia”, indicó Caparachin.

Policías en la calle

Pérez Rocha es crítico de la ausencia de decisión política para disponer que policías que están en labores administrativas sean trasladados a labores de patrullaje y en las comisarías.

“La Policía Nacional tienen 145 mil efectivos, de ellos, hay 45 mil policías en comisarías a nivel nacional que son los únicos que patrullan, según informes de la situación de las comisarías del INEI”, dijo.

Según Pérez Rocha, los otros 40 mil policías trabajan en unidades especializadas, otros cinco mil están asimilados a la Policía, y los restantes 55 mil efectivos laboran en unidades administrativas. “Vale decir que no están saliendo a la calle, sino que están en oficinas. ¿Qué dice la ley? Que, del total de efectivos, el 10% o el máximo 20% deben estar en trabajo administrativo, es decir, solo deberían ser 28 mil”, expresó.

Para Pérez Rocha, es urgente que se haga efectiva la ley para poder desplazar a los efectivos de las oficinas a las calles. “Para que la comisaría tenga presencia policial que es disuasiva. Es fácil tienes 27 mil policías que puedes sacarlos y reforzar las comisarías. No sé por qué algo tan simple no se ejecuta, eso está en los planes enviados a los asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero luego lo derivan al Ministerio del Interior y lo guardan”, refirió.

Evaluación de Barrio Seguro

Uno de los programas emblemas del Ministerio del Interior es Barrio Seguro. Se trata de una intervención intersectorial de más patrullaje policial con intervención de otros sectores como educación y salud en los 100 barrios más peligrosos del país.

Wilson Hernández, junto con investigadores de Desco y Grade, realizaron una evaluación de impacto de Barrio Seguro en los últimos años. La evaluación encontró que hubo un incremento de patrullaje en las zonas intervenidas, así como una reducción de la sensación de inseguridad cuando los vecinos caminaban por la noche en el barrio. Sin embargo, no se encontró una reducción de la victimización en dichas zonas, pese a que hubo más patrullaje.

“Uno espera que, si hay más patrullaje, mejore la victimización. Los resultados dicen que el mayor patrullaje no mueve la tasa de victimización frente a barrios no intervenidos”, indicó.

Entre las debilidades encontradas en Barrio Seguro, Hernández detalló que, si bien el programa aseguraba la participación de otros sectores como educación y salud, “en la práctica la interseccionalidad ha sido muy débil y pequeña”.

Asimismo, indicó que Barrio Seguro replicó la estrategia patrullaje tradicional con el cual no se ha tenido impacto en cómo disuadir el delito. “El propio patrullaje necesita técnica. […] Patrullo de forma aleatorizada, es decir sigo un mapa que no planifica rutas precisas, sino que me manda al azar, o hago un patrullaje predictivo, donde más aparecen los delitos. Lo que ha hecho Barrio Seguro es replicar la estrategia de patrullaje tradicional”, dijo.

Delitos asociados a la extorsión

Hace unos días, el ministro del Interior, Avelino Guillén, indicó que se evalúa tipificar el cobro de cupos como “terrorismo extorsivo”, ya que dicha calificación permitiría el agravamiento de las sanciones para este tipo de delitos.

Para Cecilia Caparachin, es positivo que en el Ministerio del Interior estén atentos a los fenómenos delictivos asociados a la extorsión. “Eso me parece interesante, [pero] no hay evidencia en ningún delito de que la rigurosidad de la pena disminuya el delito. Lo que puede hacerse es una intervención integral: fortalecimiento de instituciones, investigación criminal para actuar 'antes de'. La tipificación es un actuar 'después de'. Esto no tiene correlato con la diminución de delito, tampoco se ha comprobado que se disuade a los sujetos que quieran involucrarse en estos hechos”, manifestó.

Hernández tiene la misma lectura: elevar las penas no suele tener efectos disuasivos en cometer el delito. “Se tiene que hacer más trabajo de inteligencia. La Policía Nacional tiene la llave, tiene un sistema que le permita geolocalizar las llamadas que provienen de la extorsión que imagino que la PNP lo utiliza, pero creo que es necesario ponerlo en la visión de las grandes soluciones. Si tenemos la geolocalización, se puede hacer un trabajo de inteligencia y montar operativos e intervenir”, sostuvo.

Perspectivas para el 2022

Wilson Hernández apunta también que la pandemia no solo ha sido un evento disruptivo en lo sanitario, educativo y económico, sino también en las dinámicas de las organizaciones criminales. “Se ha visto en algunos países que muchas bandas criminales han aprovechado el espacio de la pandemia, y particularmente la baja vigilancia policial para especializarse y agrandar sus negocios. Eso es peligroso, porque el mundo de las organizaciones criminales es como un cáncer que crece de manera poco visible, el ciudadano lo nota cuando ya está desbordado, por ejemplo, a todos en el barrio lo están extorsionando. Las políticas de seguridad ciudadana que tenemos son básicamente prepandemia, no tenemos claridad de cómo enfrentar este problema”, indicó.

Para Cecilia Caparachin, de cara al 2022, el Ministerio del Interior debe continuar y reforzar el proceso de modernización de la Policía Nacional que inició este 2021. La mejora no solo debe ir por lo salarial, sino fundamentalmente por la formación. “Una formación integral en cómo debe actuar la Policía Nacional, debería mejorar. Una PNP pensada en términos comunitarios. Al policía no le puedes exigir que actúe de una manera cuando no le has dado una formación orientada a eso que tú quieres que haga fuera de las escuelas”, indicó.

PODCAST RPP | Ruido político

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