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por Wendy Milla Loo
·La Oficina contra las Drogas y el Delito, Unicef y UNFPA se mostraron en contra de la Ley 32330, promulgada el último sábado, 10 de mayo, por la presidenta Dina Boluarte. En ese sentido, las agencias instaron a las autoridades a “reflexionar” sobre la normativa.
El último sábado, 10 de mayo, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley 32330, que modifica la normativa para incorporar adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.
Tras la promulgación de la normativa, el Ministerio Público y el Poder Judicial han rechazado la ley por considerar que va en contra de la Constitución. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha anunciado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Esta mañana, las agencias del Sistema de las Naciones Unidas, entre ellas la Oficina contra las Drogas y el Delito, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), también se han pronunciado en contra de la normativa a través de un comunicado.
Las agencias instaron a las autoridades peruanas a “reflexionar” sobre la mencionada ley, pues esta resulta “contraria” a la Convención sobre los derechos niño, en la que el Perú se encuentra adscrita.
En esa misma línea, las instituciones internacionales señalaron que las estadísticas oficiales “demuestran que el 98 % de los casos de criminalidad registrados son cometidos por adultos”. Por tanto, la medida “no será significativa en la reducción de la inseguridad y criminalidad que afecta al país”.
“Por el contrario, la ley aprobada acrecienta el riesgo de que los adolescentes que cumplan penas junto con adultos, lejos de lograr la rehabilitación social, sean influenciados por el entorno para continuar una trayectoria criminal”, indican en el comunicado.
Asimismo, los organismos de las Naciones Unidas recordaron que el Estado Peruano ha promulgado leyes y políticas a favor de los derechos de los niños y adolescentes, conforme al cumplimiento de sus obligaciones contraídas con la “ratificación de convenios y tratados internacionales”.
“Un ejemplo de ello es la Política nacional del adolescente en riesgo y en conflicto con la ley penal al 2030, que establece los lineamientos para prevenir la criminalidad adolescente, mejorar la justicia penal juvenil y fortalecer la reinserción social de los adolescentes”, acotó.
Finalmente, las agencias exhortaron a los poderes del Estado a considerar derogar la mencionada ley.
“Instamos a los Poderes del Estado a considerar la derogación de la ley recientemente promulgada y a dotar de recursos técnicos y económicos al sistema de justicia penal juvenil como vía efectiva para abordar los hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana y garantizar la prevención y reinserción social de los adolescentes que cometen delitos. Además, las agencias firmantes ponen a disposición del Estado peruano todo su apoyo técnico para la búsqueda de soluciones conjuntas”, concluye.
Ley fue impulsada por el Congreso
La normativa fue impulsada por el Congreso de la República en noviembre del año pasado con 44 votos a favor, 24 en contra y 21 abstenciones en segunda votación.
Aunque la ley ha sido criticada por diversas entidades del sistema de justicia, entre ellos el Ministerio de Justicia, quien la consideró como “no viable”, Dina Boluarte dispuso promulgarla sin observarla.
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Wendy Milla Loo Periodista
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