El Colegiado B de la Sala Penal Nacional resolvió este lunes que en el caso Pativilca no se le aplica el derecho de gracia que le otorgó en diciembre pasado el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a Alberto Fujimori. En consecuencia, no será excluido del nuevo juicio.
El tribunal aceptó la petición de la defensa de las víctimas, por lo que el exmandatario será procesado como presunto autor mediato del delito de homicidio calificado.
"La gracia presidencial otorgada mediante Resolución Suprema N° 281-20017- JUS de fecha 24 de Diciembre de 2017, resulta incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, siendo además una medida que como hemos analizado colisiona claramente con derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución", indica la resolución judicial.
El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, dijo en una entrevista con RPP Noticias que "lo que queda es impugnar la decisión" para librarle del juicio al exgobernante.
El caso
El 29 de enero de 1992, seis campesinos de los anexos El Caraqueño y San José en Pativilca (Barranca) fueron secuestrados, torturados y asesinados por miembros del Grupo Colina.
Ernesto Árias Velásquez (17), Jhon Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), César Rodríguez Esquivel (29), Pedro Agüero Rivera (35) y Felando Castillo Manrique (38) fueron ejecutados extrajudicialmente.
El técnico del Ejército Jorge Ortiz Mantas, exintegrante del Grupo Colina, confesó que participó en la masacre. Señaló en una sesión judicial de febrero de 2008 que el Grupo Colina dependía del exgeneral Hermoza Ríos, quien respondía a las órdenes de Fujimori.
El juicio
Cuando Alberto Fujimori fue extraditado en 2007, la justicia chilena no incluyó este caso en el expediente. En octubre de 2015, el Gobierno pidió la ampliación de la extradición por el Caso Pativilca. En junio de 2017, la Corte Suprema de Chile aprobó esta ampliación.
Fujimori es acusado de autoría mediata, al igual que en los casos La Cantuta y Barrios Altos. La Fiscalía pidió 25 años de cárcel y el pago de una reparación de S/ 500 mil para los herederos legales de las víctimas.
