Amnistía denunció "retrocesos legislativos" en materia de derechos de las mujeres en Perú: "Las violencias que enfrentan pueden recrudecerse"

A poco de conmemorarse este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el estado de emergencia en el que se encuentran los derechos de las mujeres en Perú, y advirtió que “grupos conservadores y antiderechos” vienen impulsando un conjunto de iniciativas que pueden tener un “impacto negativo” sobre la población femenina.

En un pronunciamiento, la organización consideró que los derechos de las mujeres “siguen en grave riesgo en Perú y que las violencias que enfrentan día a día pueden recrudecerse” con el avance de iniciativas legales y normas que “buscan limitar sus derechos en diferentes ámbitos”.

Ante este panorama sombrío, Amnistía Internacional demandó a los poderes del Estado “que reconozcan las violencias que sufren las mujeres implementando políticas concretas para prevenir y eliminar estas violencias, fortaleciendo las medidas para la atención y protección de las víctimas”.

“Las cifras y testimonios de víctimas o familiares de víctimas de violencia machista dan cuenta de un escenario de terror para niñas, adolescentes y mujeres, entre ellas refugiadas y migrantes, que no encuentran en el Estado peruano un garante de sus derechos”, alertó.

Golpe a la educación sexual integral

La organización dio cuenta que, según cifras oficiales, entre enero y septiembre de este año 19 niñas y adolescentes fueron víctimas de violación sexual cada día. “En 2021, a diario, cuatro menores de 14 años fueron obligadas a ser madres en Perú, entre ellas 7 menores de 10 años”, señaló.

Amnistía Internacional lamentó que el Congreso promulgara el pasado 23 de junio la Ley 31498, con la cual, apuntó, “se dio un golpe de muerte a la educación sexual integral (ESI)”.

“Esta norma deja la puerta abierta a que grupos de padres y madres de familia, bajo sesgos de índole moral, puedan vetar el contenido de materiales educativos, limitando así las funciones del Ministerio de Educación y poniendo en grave riesgo la implementación de la ESI, herramienta imprescindible para prevenir desde la infancia la violencia de género y avanzar hacia una educación basada en la igualdad”, expresó.

Iniciativa contra el aborto terapéutico

Además, alertó que, pese a las cifras que muestran cómo numerosas niñas y adolescentes son forzadas a llevar embarazos no deseados, producto de la violencia sexual, el Congreso, a través del proyecto 1520/2021 —iniciativa de la parlamentaria fujimorista Rosángella Barbarán Reyes—, busca bloquear el derecho que tienen al aborto terapéutico, poniendo en riesgo su salud.

“La aprobación de esta iniciativa legislativa frenaría también los avances para que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos, aumentando la criminalización hacia quienes facilitan el acceso a esta práctica, entre ellos operadores de salud”, remarcó.

Por otro lado, Amnistía Internacional hizo hincapié en el hecho de que, entre enero y agosto de este año, han sido denunciados 88 casos de feminicidio. “Y es posible que al cerrar 2022 los casos sean mayores a los 147 registrados en 2021”, espetó, al tiempo que denunció que hace al menos dos años 36 casos de desaparición son reportados cada día.

“Las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual y laboral son otro espacio de grave vulneración y riesgo para la vida de las mujeres. Si bien hay una gran opacidad en este ámbito, a lo que va del año 703 mujeres refugiadas fueron rescatadas de la trata en el país”, añadió.