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AI: "Impunidad" en asesinatos de Inti y Bryan "puede sentar precedente nefasto para derecho de las personas a la protesta pacífica"

Familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes asesinados durante las protestas de noviembre de 2020.
Familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes asesinados durante las protestas de noviembre de 2020. | Fuente: EFE

Amnistía Internacional recordó que en las marchas de noviembre de 2020 en Lima los agentes policiales, emplearon un "uso desproporcionado de la fuerza, ocasionando la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado". "Además, causaron graves lesiones a numerosas personas que se manifestaban de manera pacífica", señaló la organización.

Amnistía Internacional (AI) reiteró su pedido al Ministerio Público y al Poder Judicial de desplegar todos los recursos disponibles para que las víctimas de la represión policial del 14 de noviembre (14N) de 2020 “accedan por fin a verdad, justicia y reparación”.

Este lunes se cumplieron dos años de las protestas que se llevaron a cabo en Lima y en diferentes regiones del país en rechazo al gobierno de Manuel Merino, quien asumió la Presidencia de la República poco después de que el Congreso vacara —el 9 de noviembre— al mandatario Martín Vizcarra por una supuesta incapacidad moral.

En las marchas en la capital, los agentes policiales, empleando un “uso desproporcionado de la fuerza, ocasionaron la muerte de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez”. “Además, causaron graves lesiones a numerosas personas que se manifestaban de manera pacífica”, señaló Amnistía Internacional.

La ONG que trabaja en defensa de los derechos humanos indicó que “verificó que en esas manifestaciones los agentes policiales hicieron uso de la fuerza de manera ilegal y contraria a los estándares internacionales, lo cual incluyó disparos de municiones y gas lacrimógeno contra ciudadanas y ciudadanos que protestaban de manera pacífica”.

“Sumado a ello, organismos internacionales presentaron evidencias e investigaciones sobre las graves violaciones de derechos humanos que determinan la responsabilidad de la fuerza pública”, remarcó.

Piden que se establezcan responsabilidades

No obstante, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó en junio de este año la denuncia contra los responsables políticos de las muertes de los jóvenes, con lo cual, apuntó Amnistía Internacional, obstaculizan las investigaciones y envían “a la sociedad un mensaje de impunidad”.

"Esperamos que pronto se establezcan responsabilidades y que las familias que perdieron a sus seres queridos en noviembre de 2020, así como en otros contextos de movilizaciones en nuestro país, puedan acceder a justicia. Movilizarse pacíficamente es un derecho, no un delito. Lo que es punible es la represión policial”, dijo Sonia Paredes, directora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú.

La organización demandó a las autoridades proteger el derecho de toda persona a protestar de manera pacífica en Perú, cualquiera sea su opción política. “Sin acceso a justicia y verdad, este caso puede sentar un precedente nefasto para las personas que protestan pacíficamente por diferentes motivos, quienes, ante la impunidad, que en noviembre de 2020 se tradujo en represión policial y muerte, podrían optar por no protestar. Nos preocupa que se dé este mensaje”, advirtió Sonia Paredes.

Amnistía Internacional exigió al Estado peruano “las garantías de no repetición, cerrando la puerta tajantemente a la impunidad policial y derogando de manera inmediata la Ley de Protección Policial (Ley Nº 31012), publicada en 2020, por ser contraria a los estándares internacionales de uso de la fuerza pública”.

Denunciarán al Estado ante la CIDH

Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, anunció que presentarán una denuncia contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el transcurso de esta semana, por la "impunidad" que habría generado la aprobación del informe del parlamentario derechista Alejandro Cavero, quien recomendó archivar la denuncia constitucional de la Fiscalía contra Merino y sus exministros Ántero Florez-Aráoz y Gastón Rodríguez, por los sucesos del 14N.

"En un caso tan evidente, donde hay tanta prueba documental y testimonial, es muy probable que la Corte tendrá un fallo condenando al Estado peruano, y eso significará que se abra una investigación a Merino y los exministros”, indicó al diario La República.

En junio pasado, Quilla Sotelo, hermana de Inti Sotelo, y Óscar Pintado, padre de Bryan Pintado, rechazaron el informe de Cavero al señalar que es "contradictorio" y "omite" pruebas fiscales.

"Este informe es contradictorio. En el mismo párrafo dice Merino, Araoz y Rodríguez desconocían todo lo que estaba pasando en las marchas y la ciudad misma ¿Siendo funcionarios ellos desconocían? Pero líneas más abajo del informe menciona que estaban muy preocupados por la coyuntura que estaba pasando el país en las marchas. Entonces, ¿me quedo con lo de arriba o me quedo con lo de abajo?", cuestionó Quilla Sotelo.


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