por Redacción RPP
·La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió que la propuesta del Ejecutivo, incluida en el Proyecto de Ley 13280, afectaría no solo al periodismo de investigación, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su rechazo al proyecto del Ejecutivo que busca modificar el Código Penal “para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales”.
A través de un comunicado, el gremio periodístico indicó que la propuesta carece de sustento y que en la práctica “criminaliza la difusión de información de interés público”, lo que constituiría una forma de “censura y persecución de fuentes reservadas”, además de una vulneración al secreto profesional de los periodistas.
Cabe señalar que esta iniciativa forma parte del Proyecto de Ley 13280, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, así como promover el crecimiento económico responsable y el fortalecimiento institucional.
“Las actuales intenciones del Ejecutivo, liderado por el presidente José Jerí, recuerdan al sector intentos similares impulsados en su momento por los regímenes de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Nuevamente, la libertad de información sobre investigaciones penales de relevancia pública cae en el foco del ataque restrictivo impulsado por sectores que tienen, en su mayoría, personajes relevantes comprometidos en dichos expedientes”, sostuvo la ANP.
En ese sentido, afirmó que estos intentos reflejan un ataque a la libertad de expresión y a la labor del periodismo de investigación.
“Por estas razones, exhortamos a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República que suprima este extremo de la propuesta normativa por atentar contra el periodismo de investigación y ser incongruente con la finalidad del proyecto de ley”, mencionó.
La ANP también advirtió que, de prosperar esta propuesta, no solo se causaría una grave afectación a la libertad de prensa, sino que se lesionaría el derecho de la ciudadanía a estar informada.
“Recordamos que las normas penales no se deberían aprobar vía facultades legislativas, ya que, al ser restrictivas de derechos, deben gozar del más amplio debate. Los estándares de derechos humanos recomiendan que este tipo de modificaciones penales no se produzcan de esta manera”, señaló la organización gremial.
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