por Redacción RPP
·En Enfoque de los Sábados, analistas coincidieron en un punto central: el Reinfo, lejos de ordenar la formalización, ha generado un marco ambiguo que dificulta diferenciar entre actividades en proceso de regularización y operaciones ilegales, por lo que insistieron en la necesidad de una nueva normativa.
Diversas protestas de mineros artesanales y bloqueos en la Panamericana Sur se desataron a mediados de diciembre de 2024, a poco de que venciera el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Las amenazas de bloqueos de la Panamericana Sur y otras vías del país obligaron al Congreso y al entonces Gobierno de Dina Boluarte a ampliar el plazo hasta el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de que prorrogue -por única vez- por otros seis meses más; es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025. Y así fue, pues a fines de junio se aprobó dicha extensión.
Según cifras del alto comisionado para el combate contra la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, hasta julio de 2025, solo el 2,4 % de los 84 000 pequeños mineros inscritos en el registro oficial del Perú ha completado el proceso de formalización.
El anterior Ejecutivo indicó que esta la última vez que se prorrogaba la vigencia del registro minero, que se estableció como una vía para combatir la minería ilegal, pero en la práctica no ha servido porque apenas una minoría se inscribió.
Los mineros artesanales que queden fueran del registro serán considerados como ilegales, un motivo por el cual, en los últimos días, cientos de mineros artesanales de distintas partes del país se han congregado en los exteriores del Congreso para exigir una nueva extensión.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó la extensión hasta el 31 de diciembre de 2027 y la reincorporación de 50 000 mineros con registros suspendidos en junio pasado.
No obstante, no podrán retornar aquellos que tengan condena firme o sentencia por minería ilegal, lavado de activos, trata de personas, ni quienes hayan sido sancionados por realizar actividades mineras ilegales en zonas restringidas.
El Pleno del Congreso tiene la última palabra en la extensión del Reinfo, pues deberá ratificar o rechazar de plano la medida aprobada en la citada comisión. El Gobierno de José Jerí se mostró en desacuerdo y adelantó que se evaluará observar la normativa si es que se aprueba en el Parlamento.
En el hipotético caso de que el plazo se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027, y cuando estemos cerca de esa fecha, ¿nuevamente se planteará extender la vigencia? ¿Es esta la verdadera solución?
Un mecanismo que perdió eficacia
Tres especialistas de los sectores ambiental, minero y de seguridad coincidieron en que el Reinfo ya no cumple su objetivo original y debe ser reemplazado por un mecanismo más eficiente, que distinga con claridad entre mineros en proceso de formalización y actividades ilegales. Según señalaron, las reiteradas prórrogas han generado una “zona gris” que facilita la expansión de la minería ilegal en el país.
El economista y exministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, afirmó que el Reinfo ya no es necesario y que debe culminar definitivamente el 31 de diciembre de 2025, tal como está previsto.
“El comentario, la posición del ministerio cuando estuvimos a cargo era una posición técnica. No era una posición ideológica ni que respondía a los intereses de nadie”, indicó.
Montero señaló que, aunque el registro fue creado para diferenciar a quienes buscaban formalizarse de los mineros ilegales, su función se ha diluido, pues advirtió que hoy es difícil identificar las verdaderas intenciones de los inscritos.
“Ya no sabes… si es un minero con firme convicción y voluntad de formalizarse, o es un ilegal, o es uno que está entre ambos haciendo de puente”.
Montero también alertó sobre el nivel de daño ambiental asociado a operaciones ilegales.
“Los daños causados por la minería irresponsable son de tal nivel que pueden llegar a ser caracterizados como ecocidio (…) por su carácter acumulativo, grave y hasta irrecuperable”.
El Reinfo como “patente de corso”
Para el criminólogo y exviceministro del Interior, Nicolás Zevallos Trigoso, el problema central no es la formalización en sí, sino la manera en que el Reinfo ha terminado funcionando.
“Este documento Reinfo termina siendo (…) una especie de espacio de libertad para quienes tienen Reinfo, para operar en contextos donde las definiciones no son claras”.
Zevallos sostuvo que el registro ha perdido totalmente su objetivo original por las continuas prórrogas.
“En este momento, lamentablemente, el Reinfo es la patente de corso de la minería ilegal”, alegó.
El criminólogo consideró imprescindible reemplazar el mecanismo y fortalecer el proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (MAPE), con el objetivo de sustituir al Reinfo.
“Se debe pensar en un nuevo mecanismo sin duda alguna. La Ley MAPE debería ser la ruta por la que hay que caminar”, precisó.
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Expansión de la minería ilegal en la Amazonía
Mientras tanto, el exviceministro del Ambiente, Mariano Castro, destacó que la problemática se agrava por el crecimiento de la minería ilegal en territorios amazónicos.
“Hay un proceso creciente de expansión de minería ilegal en la Amazonía, en los ríos amazónicos. En Loreto claramente hay un problema muy grave que no está siendo respondido adecuadamente por el Estado”, aseveró.
Castro recordó que la mayor concentración de minería artesanal y pequeña minería se ubica en Madre de Dios, Puno, Arequipa y La Libertad. No obstante, alertó que deben diferenciarse estos actores de los grupos ilegales que avanzan en zonas fluviales.
“Es creciente el número de estos mineros y hay que diferenciar entre los artesanales en proceso de formalización y los ilegales, que están apareciendo en los ríos amazónicos”.
Para el especialista, la respuesta estatal es insuficiente frente a la magnitud del problema y los incentivos internacionales del mercado del oro.
Los tres analistas coincidieron así en un punto central: el Reinfo dejó de cumplir su propósito y, lejos de ordenar la formalización, ha generado un marco ambiguo que dificultar diferenciar entre actividades en proceso de regularización y operaciones ilegales.
Además, las reiteradas prórrogas, la falta de controles efectivos y la expansión de la minería ilegal -especialmente en la Amazonía- han desbordado la capacidad del Estado para responder adecuadamente, por lo que los expertos plantean la necesidad de cerrar definitivamente el Reinfo en los plazos establecidos y diseñar un nuevo mecanismo.
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