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En el marco de las protestas mineras derivadas del cierre definitivo del Reinfo, RPP conversó con Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, y Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE, respecto a los intereses que habría detrás de estas acciones.
Las protestas mineras llevadas a cabo en diferentes regiones por pequeños mineros, mineros artesanales e informales desde hace más de 10 días parecen no tener punto final. Vías bloqueadas y un campamento improvisado en el frontis del Congreso de la República fueron algunas de las expresiones más álgidas del conflicto social, y aunque la Policía ya ha liberado varios de esos puntos, los manifestantes han advertido que no cesarán en sus medidas de fuerza.
Los mineros agrupados en la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), organización que encabeza la protesta, demandan al Ejecutivo y al Parlamento que se derogue el decreto supremo que estableció el cierre de la formalización minera a través del Reinfo en diciembre de este año, además de la restitución de los 'reinfos' excluídos y la promulgación de la Ley MAPE.
No obstante, el último martes no prosperó la aprobación del predictamen de la Ley MAPE en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento. Por su parte, el gobierno central ha señalado que no retrocederá en el cierre definitivo del Reinfo y ha alegado que, detrás de las protestas, estaría la minería ilegal.
¿Realmente habría una relación entre los mineros artesanales y mineros ilegales que pretenden continuar con su actividad delictiva bajo el paraguas del Reinfo? En busca de respuesta, RPP conversó con Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas y exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú; y con Carlos Gálvez Pinillos, economista y expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
¿Cómo se establecería la relación entre minería artesanal, pequeña minería y minería ilegal?
Herrera Descalzi explicó que, en nuestro país, la minería se realiza "en diferentes escalas", siendo las más pequeñas la minería artesanal y la pequeña minería. Sin embargo, el incremento internacional del precio de los metales, en especial del oro, habría generado que la ilegalidad comience a operar tras esta actividad.
"Normalmente, la minería artesanal era una actividad de subsistencia. Pero los precios de los metales se han incrementado enormemente, en especial el precio del oro. Solamente del año pasado a hoy hay 50 % de incremento. Entonces, todo esto hace que tras la minería artesanal y la pequeña minería haya una minería ilegal, que es la que realmente saca el gran provecho de esta situación", sostuvo.
"Entonces, los mineros artesanales, los pequeños mineros, de alguna manera son maniobrados hacia atrás por un grupo que es el que realmente mueve el gran dinero. Uno lo puede notar en cómo se dan estas protestas: son gente que tiene una carpa, son gente que tiene alimentos, son gente que tiene una logística. No parecen ser gente -no lo son de hecho- que está en una situación de extrema pobreza", agregó.
En esa línea, el exministro señaló que se ha ido "tejiendo" una relación con la minería ilegal durante más de una década, la cual, incluso, habría acumulado poder político en el Congreso. Respecto al punto de encuentro entre los mineros artesanales, la pequeña minería y la minería ilegal, Herrera señaló a las plantas de acopio del mineral.
"Yo creo que existe ya una organización que se ha ido formando desde varios años atrás. En el Congreso, en los últimos 10, 15 años, ha habido alguien identificado como un congresista favorable a la pequeña minería y a la minería informal y, en realidad, a la minería ilegal. Entonces, creo que son redes que se han tejido. Esto es como pasar de un escenario de negro a un escenario de blanco a través de una serie de grises […] Estamos hablando de, más o menos, medio millón de mineros con 12 mil millones de dólares. Si divido, eso significaría 24 mil dólares por año por cada minero, 2 mil dólares mensuales. Yo no creo que esa sea la realidad, ni de lejos", señaló.
"Entonces, lo que sucede es que hay algunos que trabajan para otros. De hecho, los que conducen esto, los que manejan esto, no están ni sacando oro aluvial ni ningún tipo de oro. Ellos están manejando un sistema en otro lado. ¿Cuánto tienen que ver las plantas de acopio? Es una pregunta que habría que formularse", inquirió.
Herrera resaltó que habría un promedio de 2 mil plantas de acopio y que estas deberían estar fiscalizadas por el Estado.
"Una planta no puede estar en un sitio si no tiene un permiso municipal y si no tiene toda una serie de autorizaciones […] La manera de abordar el problema desde el inicio es que el Estado, la fiscalización del Estado, esté justo junto a las plantas de acopio y a las plantas de procesamiento, y que saque los datos de allí para ver qué es lo que llega, a dónde va, etc., [porque] entiendo que no todas esas cifras están. Es más, el Reinfo, en su punto de origen y todos estos sistemas que se han planteado como sistemas de información, tienen por meta la trazabilidad del oro, que es lo que no se ha logrado hasta el momento", sostuvo.
"Entonces, ¿quiénes son realmente los que manejan esto? Creo que no los estamos viendo. Las personas que yo veo que opinan sobre el tema, que representan a los pequeños mineros, no les veo la dimensión ni intelectual ni económica para manejar lo que estamos viendo que se está manejando", puntualizó.
¿Cuál sería la solución al conflicto minero?
El expresidente de la SNMPE Carlos Gálvez Pinillos coincidió en que un punto de encuentro entre la minería pequeña y artesanal con las organizaciones ilegales serían las plantas de acopamiento de mineral.
"Yo creo que hay un vínculo muy cercano entre la minería artesanal y la minería ilegal, sobre todo en la parte del acopiamiento […] Es el punto de las plantas que reciben esto. ¿Por qué? Porque las plantas que lo reciben, que están normalmente distantes […] están en un límite de 350 toneladas de tratamiento diario, que es el límite para que sean supervisadas por los gobiernos regionales, no por el gobierno central. Y lo que está ocurriendo en la práctica es que, de las miles de plantas […], aun teniendo el límite de la aprobación de permiso de 350 toneladas, ellas están excediendo largamente el tonelaje. Por lo tanto, debieran estar controladas y supervisadas por el gobierno nacional. Allí es donde se produce realmente la conexión entre la minería ilegal y la minería artesanal", resaltó.
En ese sentido, consideró que tanto a la pequeña minería como a la minería artesanal habría que darles darle "la orientación debida", por lo que propuso tres alternativas de solución al conflicto.
"Lo que yo propongo son tres opciones: una es, recordemos, que los gobiernos regionales reciben el canon minero y, de eso, 5 % va a las universidades, muchas de ellas tienen facultades de geología, minería y metalurgia. Creo también que ese fondo es precisamente para investigación y desarrollo de proyectos […] Por lo tanto, ese debiera ser un capital semilla para explorar y desarrollar proyectos en zonas del propio departamento minero, donde tienen posibilidades", aseveró.
"La otra opción es trabajar en concesiones que caen en caducidad, porque, efectivamente, hay quienes han dejado de pagar sus derechos de vigencia o no han hecho las labores correspondientes. Y la tercera, que está contemplada en la propia Ley General de Minería, que son los contratos de cesión con el concesionario propietario del yacimiento. Eso es un acuerdo de partes entre privados y que se puede, perfectamente, trabajar como ocurrió tradicionalmente", agregó.
Gálvez Pinillos señaló que otro tema pendiente es el que se refiere a las condiciones en que trabajan los que se dedican a la pequeña minería y minería artesanal.
"¿En qué condiciones están trabajando? Están trabajando en condiciones de absoluta indefensión. No tienen un seguro de riesgo, no tienen seguridad social, no tienen una planilla, no tienen en absoluto ningún derecho laboral. No reciben ni siquiera los elementos de protección personal, ni cuentan con la ingeniería necesaria para asegurarse que la labor en la que están entrando va a tener ventilación, para evitar morir gaseados o en el menor de los casos terminar con silicosis o neumoconiosis. Y, finalmente, tampoco están haciendo la ingeniería para que no haya caída de roca, que es la razón por la que, en muchos casos, se encuentran socavones con cadáveres aplastados por caída de roca y nadie se hace responsable", indicó.
"En el caso de minería aluvial, la cosa también es tremenda porque se está vertiendo a los ríos de la selva más de 600 toneladas de mercurio por año, y cada vez que entra una draga a explotar no solamente se vierte más mercurio para extraer el oro, sino que se está removiendo del fondo del río todo el mercurio que allí se ha asentado. Eso es un envenenamiento de toda la vegetación, de los animales y de los seres humanos. Esto que se ha extendido ya de Madre de Dios, está impactando en una serie de comunidades indígenas de la selva. Ya el río Nanay está siendo explotado, esa es la fuente para agua potable de Iquitos", culminó.
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