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por Redacción RPP
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En un pronunciamiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó al Estado peruano el deber de abstenerse, en general, de usar la fuerza en contextos de manifestaciones públicas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) instaron al Estado peruano a respetar los estándares interamericanos sobre el uso de la fuerza y a garantizar la libertad de expresión en el contexto de las jornadas de protestas sociales que se desarrollan en el Perú.
En un comunicado, dieron cuenta que, en las manifestaciones ciudadanas del 19 al 30 de julio, organizaciones de la sociedad civil denunciaron el uso indiscriminado de perdigones y gases, y supuestas detenciones arbitrarias por parte de integrantes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) vestidos de civil.
"Hasta el 30 de julio, la Defensoría del Pueblo registró 18 personas heridas, entre ellas civiles e integrantes de la PNP; el Ministerio Público reportó 10 personas detenidas. La Asociación Nacional de Periodistas ha reportado agresiones en contra de 7 personas periodistas, una de las cuales fue lesionada mientras realizaba una transmisión en vivo, y otra denunció que fue expulsada de la zona de cobertura por agentes de las fuerzas de seguridad, presuntamente, por no ser periodista colegiado", señalaron.
Requerimiento al Estado
En ese contexto, la CIDH recordó al Estado peruano "el deber de abstenerse, en general, de usar la fuerza en contextos de manifestaciones públicas, conforme a los estándares interamericanos". En ese sentido, urgió a esclarecer posibles excesos en el uso de la fuerza "con la debida diligencia", y asegurar las vías y canales de información que permita identificar la cadena de mando y ejecución de órdenes en las instituciones de seguridad.
El órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también exhortó al Estado a formular políticas públicas específicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, de forma que se les garantice la seguridad y protección en contra de detenciones arbitrarias, amenazas y limitaciones en cualquier forma al ejercicio de la profesión, como la condición de colegiación obligatoria, que es, apuntó, incompatible con estándares interamericanos.
La Comisión Interamericana reiteró a las autoridades del país que "la superación de la crisis requiere el diseño y la implementación, desde el más alto nivel, de una estrategia de diálogo genuino, con un enfoque étnico y territorial, que permita escuchar a todos los sectores de la sociedad".
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