Constitución y juegos de poder [COLUMNA]

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El Congreso aprobó ayer “por insistencia” una ley que había sido observada por el presidente de la República. La ley limita el campo de aplicación de la cuestión de confianza, que es un recurso del Ejecutivo para evitar que el Congreso pueda paralizar su acción. Es evidente que la modificación del artículo constitucional que define la cuestión de confianza responde a la voluntad de evitar que se pueda repetir la experiencia que tuvimos durante el quinquenio pasado: el gobierno de Vizcarra invocó dos negativas de confianza para disolver el Congreso.

De la misma manera, catorce meses más tarde el Congreso forzó la interpretación de la “incapacidad moral permanente” para vacar a Vizcarra. Existen constitucionalistas para defender y también para reprobar cada una de esas decisiones. Lo real es que desde inicios de la República los presidentes han sido incapaces de gobernar si carecían de mayoría en el Congreso.

El primer presidente de la República, José de la Riva Agüero fue en efecto destituido por el Congreso en 1823, poco antes de que Bolívar se proclamara Dictador. La falta de una segunda cámara en el Parlamento obliga a que el Tribunal Constitucional sea la instancia encargada de decidir si la ley aprobada responde a los requisitos jurídicos y constitucionales. Pero un Tribunal con cinco jueces con mandato vencido y uno fallecido, difícilmente será capaz de emitir una sentencia con cinco votos.

Solo nos queda esperar que congresistas y gobernantes actúen con sentido común. La razón es simple: si dedicaran a los conflictos sociales el mismo esfuerzo que dedican a escaramuzas constitucionales no viviríamos con los niveles de incertidumbre que padecemos actualmente. Y con un poco de suerte hasta aprovecharíamos los precios altos del cobre para aumentar la recaudación y financiar la inversión pública y los programas sociales.

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