Personal municipal no habría utilizado implementos de protección y seguridad durante reparto en comunidades de Loreto. Además, advirtió que, al 4 de mayo, solo el 10 % de las familias indígenas en todo el país habría sido beneficiado con entrega de canastas.
La Defensoría del Pueblo exigió a las autoridades nacionales, regionales y locales de los departamentos con mayor presencia de población indígena, adoptar medidas urgentes para evitar la propagación del coronavirus en el reparto de víveres de primera necesidad a las familias de comunidades indígenas. El pedido fue hecho al conocerse que personas de algunas comunidades habrían sido contagiadas al no haberse respetado las normas de seguridad sanitaria en la entrega de canastas, por lo que la institución solicitó la intervención inmediata del Ministerio Público.
En Loreto, la Defensoría del Pueblo pudo conocer que representantes de la municipalidad de Trompeteros se dirigieron a diversas comunidades ubicadas en el río Corrientes para la entrega de alimentos sin los implementos de protección exigidos, lo que habría provocado que miembros de la comunidad Pucacuro se contagien con la COVID-19. Ante esta denuncia, el 30 de abril, la institución solicitó a las autoridades regionales de salud la urgente atención de las personas afectadas. Asimismo, estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Contraloría y del Ministerio Público para la adopción de las acciones de control y de investigación que estimen pertinentes.
De otro lado, ante esta grave situación, que pone en riesgo a ciudadanos y ciudadanas indígenas de nuestro país, la Defensoría del Pueblo remitió un conjunto de recomendaciones a los titulares de las municipalidades con importante presencia de comunidades amazónicas y andinas, exhortándolos a que doten de suficientes implementos de protección al personal involucrado en el proceso de reparto de los alimentos. Asimismo, para que coordinen con las autoridades comunales o sus organizaciones representativas, a fin de que se determine la mejor forma de la entrega, respetando su identidad cultural y sus derechos colectivos.
Como parte de las recomendaciones, se les exhortó también a garantizar la adecuada ejecución del presupuesto asignado, a fin de poder atender al total de la población indígena con productos de calidad, que respeten su dieta alimenticia, y en suficiente cantidad para que puedan afrontar la cuarentena sin afectar su salud y bienestar.
En Ucayali, por su parte, la Defensoría del Pueblo recibió quejas sobre la falta de entrega de canastas por parte de la municipalidad distrital de Iparía a diversas familias de las comunidades nativas de Caco Macaya, Pueblo Nuevo y Curiaca, lo que pone en condición de desprotección alimentaria a los niños, niñas y adultos mayores de dichas poblaciones. La situación se agrava al conocerse que solo el 10 % de aproximadamente 621 mil familias indígenas en todo el país habría sido beneficiada con esta medida, según reportes del Ministerio de Cultura al 4 de mayo.
En este contexto, reiteró el pedido formulado al sector Cultura, el pasado 25 de abril, para la urgente implementación de un protocolo sanitario en la entrega de alimentos u otros beneficios a las poblaciones indígenas, cuyo cumplimiento deberá ser obligatorio por parte de los gobiernos locales y entidades privadas encargadas del reparto de los productos de primera necesidad.
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