Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría, rechazó los cobros por velorios privados o por tomar fotos a los fallecidos por COVID-19 para que sus familiares puedan corroborar su identidad. Además, recordó que dos familiares pueden ver a un fallecido por COVID-19 a una distancia de dos metros.
Luego de que se revelara que algunas funerarias estarían cobrando por velorios privados o por tomar fotos a los fallecidos por COVID-19 para que sus familiares puedan corroborar su identidad, la Defensoría del Pueblo rechazó estos actos de corrupción y de aprovechamiento de la situación crítica que atraviesan muchas familias en esta etapa.
"En un contexto de pérdida de un familiar, las familias están desesperadas por cerciorarse si es su familiar y, frente a las deficiencias de los establecimientos de salud para informarles, son las funerarias y algunos malos trabajadores que se aprovechan cobrándoles coimas o pidiéndoles pagos que son ilegales", señaló Alicia Abanto sobre la denuncia de Panorama.
En diálogo con RPP Noticias, Abanto, adjunta para la administración estatal de la Defensoría, recordó que, en este contexto de pandemia, los pacientes dentro de los establecimientos de salud deben estar debidamente identificados con un brazalete para poder facilitar su reconocimiento en caso de fallecimiento.
Asimismo, indicó que cuando una persona fallece, el cadáver debe estar en un lugar adecuado del establecimiento de salud y luego explicarles a los familiares que, antes de proceder a la separación y el traslado del cadáver, "está permitido el acceso para poder ver al familiar que ha fallecido a una distancia de dos metros lineales para únicamente dos familiares".
En otro momento, Abanto lamentó las "precariedades" que afronta el sistema de salud, una de estas la falta de información a los familiares. "Lamentablemente en este país los familiares tienen que rogarles a los trabajadores de salud para que les den información sobre sus familiares y ahora, incluso, lamentablemente están pagando por una foto", señaló.
La representante de la Defensoría señaló que esto último se debe a que en varios establecimientos de salud han ocurrido confusiones de pacientes y cambios de cadáveres, por lo que varias familias han pasado por la tragedia de "enterrar un cadáver que no es el suyo", hecho que calificó como una "vulneración más grande a la dignidad familiar".
"Hay que recordar cuáles son las obligaciones que tienen los establecimientos de salud y también hay que pedir a Susalud, que es el organismo supervisor, que también ponga un foco de atención y que tenga una labor de supervisión más intensa y frecuente para que los establecimientos de salud garanticen el tratamiento adecuado de un cadáver", sentenció.
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