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Aedo recordó que existe una deuda pendiente de parte del Estado para frenar la minería y tala ilegal que pone en riesgo la vida de los pueblos indígenas. Al respecto, sostuvo que la Defensoría del Pueblo viene alertando sobre el incremento de ataques y amenazas a defensores ambientales desde el año 2020. Asimismo, informó que hay una carencia de políticas públicas con enfoque intercultural y territorial hacia los miles de peruanos que forman parte de estas comunidades, poniéndolos en una situación de vulnerabilidad porque no existen servicios públicos adecuados en sus territorios

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La jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo aseveró que dentro de las comunidades nativas hacen falta más escuelas para el nivel secundario, debido a que niños y adolescentes no pueden concluir la educación básica. En el mismo sentido, señaló que hace falta actualizar la política sectorial de educación intercultural bilingüe y capacitar al menos a 26 000 docentes para los más de un millón de estudiantes. En relación al sector salud, precisó que hay insuficientes establecimientos de salud y los disponibles se encuentran en situación de precariedad. Además, manifestó que se requiere fortalecer la estrategia rural de vacunación contra la COVID-19 y que ésta debe incluir un diálogo previo. 

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