El congresista de Alianza para el Progreso consideró que la extensión del Reinfo hasta diciembre de 2026 ha sido "adecuada", pese al poco éxito de este sistema, problema que atribuyó esto a la falta de voluntad política.
Tras aprobarse en la Comisión Permanente la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el congresista de Alianza para el Progreso Eduardo Salhuana consideró adecuada esta decisión, al ser un sistema "transitorio" y al no haber podido trabajar una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE) junto con el Ejecutivo, evitando dejar sin puestos de trabajo a más de 30 mil familias en el país.
En diálogo con RPP, Salhuana, expresidente del Congreso, aclaró que, de los 50 mil reinfos excluidos del proceso en julio de 2025, solo los 2 800 que presentaron su reconsideración podrán continuar con su evaluación a manos del Ministerio de Energía y Minas.
Según Salhuana, desde la implementación del Reinfo en 2016, y a pesar de contar con mecanismos adicionales para la formalización minera, el sistema no ha tenido éxito y atribuyó esto a la falta de voluntad política y al poco presupuesto asignado.
"Yo no he visto durante todo este tiempo una voluntad política y una decisión de Estado que ordene y que formalice la pequeña minería. Y eso se expresa básicamente en presupuestos y en medidas administrativas", sostuvo.
Añadió que, en promedio, se han asignado 10 a 15 millones de soles anuales para formalizar la minería en todo el país. "A Madre de Dios, mi región, le transferían exactamente 400 mil soles al año, una cifra totalmente insuficiente", agregó.
Mayores recursos para labor minera
Para el congresista, se requieren recursos, logística y capacitación para lograr la formalización de los miles de mineros, así como la incorporación de nuevas y limpias tecnologías, el mejoramiento del sistema de trazabilidad y la comercialización de los minerales, para evitar que estos sean exportados ilegalmente a otros países.
Salhuana recordó que la actividad minera en el país se realiza bajo parámetros como establecer determinadas zonas para su desarrollo, por lo que trabajar fuera de estos espacios implica la tipificación del delito de minería ilegal.
"Hacer minería en áreas naturales protegidas, en zonas de amortiguamiento, en reservas naturales, está completamente prohibido, así como está prohibido también la actividad minera en cursos de agua, por ejemplo, entonces el que realiza actividad en estos lugares y en estos ámbitos y utiliza equipos no autorizados, tipifica el delito de minería ilegal", apuntó.
Remarcó que el Estado debe fiscalizar y controlar el proceso de explotación, y evitar que se haga en zonas prohibidas, así como prevenir la venta indiscriminada y uso de explosivos. "Si hay una falsificación de datos o una interposición de información que no corresponde, el Estado tiene que actuar. Para eso precisamente tiene que haber voluntad política para formalizar y para controlar", indicó.