El abogado Juan Carlos Portugal dijo que la Constitución establece que la presidenta de la República tiene un plazo de quince días útiles plantear observaciones a la autógrafa de una ley.
Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, tildó de “mamotreta” la denuncia constitucional que presentó la congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque Ibarra, contra la presidenta de la República —que también comprende a Gustavo Adrianzén, titular del Consejo de Ministros, y Juan José Santiváñez, ministro del Interior— por presuntas infracciones a la Constitución en la elaboración de las observaciones a la autógrafa que restituía la detención preliminar en casos de no flagrancia.
En el programa Prueba de fuego, de RPP TV, la defensa legal explicó que observar la totalidad o parte de una ley aprobada por el Parlamento forma parte de las atribuciones de la jefa del Estado.
“El propio Tribunal Constitucional ha señalado que las decisiones que se tomen en torno a la deliberación de votos, la interpelación o juicios de valor respecto a una autógrafa o dictamen son imperseguibles por parte de las instituciones fiscales”, dijo.
Portugal Sánchez precisó que la carta magna de 1993 establece que la mandataria tiene un plazo de quince días útiles plantear observaciones a la autógrafa de una ley. “Si lo hace dentro de ese ámbito temporal, no puedes cuestionar algo que forma parte de esa prerrogativa”, remarcó.
Para el abogado, los congresistas “deberían asesorarse en clave constitucional de una forma mucho más reflexiva, porque desorientan y maleducan a la opinión pública a través de mamotretos de denuncias constitucional, cuya consecuencia será, finalmente, el archivo”.
En ese contexto, exhortó a los legisladores a realizar una reflexión “mucho más constitucional y racional y no pasional”.
Denuncia de la Fiscalía de la Nación
Cuando se le consultó sobre la denuncia constitucional formulada por la Fiscalía de la Nación contra 11 congresistas por el presunto delito de negociación incompatible, Juan Carlos Portugal consideró que la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, “tiene el tiempo necesario para poder reflexionar” sobre dicha actuación.
“Me parece que está en condiciones de hacerlo junto a su grupo de asesores para desistir de esa denuncia”, añadió.
Según la Fiscalía, a dichos legisladores se les atribuye “haberse interesado indebida y directamente en la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley N.º 319/2021-CR, con su texto sustitutorio”.
Con la aprobación del texto, los parlamentarios José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza pudieron acceder a la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea, sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular (congresistas) y pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
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