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El titular del Consejo de Ministros aseguró que el Ejecutivo actuó dentro de los plazos establecidos por la ley y afirmó que no duda que dicha denuncia será archivada.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a la denuncia constitucional formulada en su contra por la congresista, Ruth Luque, quien lo acusa de presuntas irregularidades en la elaboración de las observaciones que hizo el Ejecutivo a la ley que restituía la detención preliminar en casos de no flagrancia.
“Me parece inverosímil, la verdad”, señaló ante la prensa sobre dicha denuncia que también alcanza a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Adrianzén sostuvo que “el cumplimiento de funciones dentro de los plazos establecidos por la ley” no tiene por qué ser generador “de ningún tipo de responsabilidad administrativa ni funcional” y mucho menos “una pretendida responsabilidad que derive de una infracción constitucional”.
Adrianzén aseguró que todas las actividades y actos administrativos que se suscriben en el Consejo de Ministros “están apegados estrictamente a lo que dice la Constitución y la ley”.
“No dudo que por su naturaleza esta denuncia constitucional será archivada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, afirmó.
Limita las herramientas legales
De acuerdo con el documento presentado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, Ruth Luque sostiene que la observación del Ejecutivo a la referida ley limita “significativamente las herramientas legales disponibles para fiscales y jueces” en casos de no flagrancia.
“Esto impide que se ordene la detención de sospechosos a pesar de existir indicios razonables de su implicación en delitos graves y un riesgo evidente de fuga u obstrucción de la justicia”, explicó.
En otra parte del escrito, señala que el hecho que la presidenta de la República haya observado la autógrafa, la cual también fue validada por el presidente del Consejo de Ministros con su firma, nos permite afirmar “que este Gobierno está otorgando ventajas a aquellas personas que delinquen y a quienes ya no les será aplicable el mandato de detención preliminar en casos de no flagrancia”.
Esto, según refiere, pese “a la concurrencia de elementos como suficientes indicios que dan cuenta del hecho ilícito y la existencia de peligro procesal”.
"La no restitución de la detención preliminar busca favorecer a su entorno y por consiguiente impacta en la lucha contra la delincuencia. El deber de la presidencia es garantizar la seguridad y servir a la nación", manifestó la legisladora de la bancada de de Bloque Democrático Popular en su cuenta de X.
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Jorge Luis Pinedo Barrera Redactor
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