En el 2016, el 70% de los padres de embarazos en menores de 15 años fueron mayores de edad. De acuerdo al Código Penal, estos se consideran embarazos producto de violaciones sexuales.
De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), solo entre el 2016 y 2017, el porcentaje de adolescentes embarazadas incrementó de 12,7 a 13,4%. Esta situación se repite en niñas y adolescentes menores de 15 años. Los reportes anuales del Seguro Integral de Salud (SIS) señalan que los establecimientos de salud atienden al año alrededor de dos mil partos en menores de 15 años. Esto quiere decir que cuatro menores de 15 años quedan embarazadas diariamente.
Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en el 2016, el 70% de los padres de embarazos en menores de 15 años tenían entre 18 y 29 años. De acuerdo al Código Penal, estos casos son considerados embarazos producto de violaciones sexuales.
Denisse Sacsa, asistenta de Evaluación y Monitoreo en el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), señala que hay que tener cuidado con dichas cifras; pues hay casos en los que las relaciones sexuales entre menores y mayores de edad son consensuadas. Hasta el momento no se ha podido generar una estadística de cuánto de estos embarazos son, finalmente, producto de relaciones no consensuadas.
“Puede suceder que hay una pareja constituida y aceptada por una jovencita de 14 años con su parejita de 16. Si ella queda embarazada, eso es considerado como una violación, a pesar de que sea consentido. Entonces, no podemos tener un registro exacto de cuántas de esas violaciones han provocado un embarazo no deseado”, explica.
No obstante, la también obstetra señala que en los casos que se denuncian como violaciones se debe implementar una atención a la víctima que permita evitar embarazos no deseados, productos de la violencia sexual.
“Lamentablemente hay un temor de irrumpir funciones y alterar la escena del hecho. Entonces, lo primero que se hace cuando llega una víctima a denunciar es enviarla a medicina legal. Cuando lo que debería suceder, si se hace un trabajo coordinado entre el sector salud y el sector justicia, es antes de derivar a la víctima, indagar si ha estado en periodo de riesgo de embarazo e inmediatamente administrarle su píldora anticonceptiva de emergencia”, indica.
Hay una necesidad expresa de fortalecer las políticas públicas en contra del embarazo precoz.Tal como señala Sacsa, el abuso sexual es uno de los motivos que incrementa las tasas de embarazos en niñas y adolescentes, por lo que el Estado debe asegurar que a este hecho de la violencia extrema no se le sume un embarazo no deseado que perpetúe las consecuencias físicas y mentales en las víctimas.
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