El Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Municipalidad anunciaron ayer decisiones. Ninguna de ellas ha clarificado los temas de su competencia.
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El día de ayer se han tomado decisiones que hubieran debido permitir que celebremos nuestra Fiesta Nacional con la sensación de que somos capaces de hallar soluciones razonables a nuestros problemas. Es normal en democracia que no todos estén de acuerdo con ellas. Pero podemos esperar de los detractores que pongan el interés nacional por encima de pretextos para ganar notoriedad y hacer politiquería.
El alcalde de Lima, al término de semanas de negociaciones ha anunciado la anulación del contrato con una de las empresas concesionarias de vías y peajes de Lima, LAMSAC, conocida también como Línea Amarilla. Muñoz ha anticipado que la anulación puede significar un costo de 1,500 millones de soles a la Municipalidad, es decir a todos los que pagamos arbitrios. El alcalde ha hecho saber que esta medida se ha vuelto inevitable porque la empresa no aceptó rebajar significativamente el peaje ni aceptar la introducción de una cláusula de corrupción en el contrato. La decisión ha dado lugar a gesticulaciones revolucionarias de parte del regidor de oposición Jorge Valdez y alcaldes de Somos Perú, respaldados por el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Álvaro Paz de la Barra. Por su parte, la empresa considera que la decisión anunciada por Muñoz carece de sustento técnico.
Mientras tanto la reunión entre el presidente Vizcarra y los gobernadores regionales en Arequipa no permitió una salida al impasse en torno a Tía María. Se ha encargado al Ministerio de Energía y Minas una nueva evaluación de aspectos ambientales del proyecto minero. Ya hemos visto a lo largo de nuestra historia adónde llevan las posturas intransigentes y las utopías revolucionarias. Martín Vizcarra ha reiterado que la construcción del complejo minero Tía María no se llevará a cabo mientras la empresa no haya dialogado con la población hasta contar con apoyo social.
El Congreso aprobó solo una de las cuatro acusaciones constitucionales contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, la que tiene menos consecuencias penales. La mayoría fujimorista bloqueó la posibilidad de que la acusación se vea acompañada por una suspensión de inmediata aplicación, por lo que Chávarry seguirá siendo Fiscal Supremo. Respecto a la reforma política, en particular el estatuto de la inmunidad de los congresistas, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, declaró con aparte resignación que aún quedan "24 horas" para evitar lo irremediable.
La Sala Penal de la Corte Suprema escuchó los argumentos de la defensa de Keiko Fujimori que sustentó un recurso de casación por considerar infundada la prisión preventiva que viene purgando. De la misma manera que hizo en el proceso de Edwin Oviedo, el cuestionado fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa no se hizo presente en la audiencia. La Sala ha anunciado que la decisión sobre Keiko Fujimori y tres de sus allegados será anunciada el próximo 9 de agosto.
En el plano deportivo ayer conocimos la decisión de la atleta Inés Melchor que no participará en los Juegos Panamericanos, en los que era de una de las esperanzas peruanas para obtener una medalla de oro. La huancavelicana Inés Melchor se ha consolidado como una atleta capaz de combinar potencia física y habilidad táctica, lo que le ha permitido imponerse en maratones disputadas en varias ciudades del mundo. Una dolencia a la espalda le impide tristemente participar en la prueba reina del atletismo, que se disputa para conmemorar al soldado ateniense Filípides que hace 2,500 años recorrió 42 kilómetros en la llanura de Maratón para informar a sus jefes la victoria griega sobre el ejército persa. A falta de medalla, Inés Melchor puede contar con la admiración de los peruanos que gozamos con sus victorias y nos apenamos de no verla privada de Panamericanos.
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