19 de los 25 gobernadores regionales son investigados por presuntos hechos de corrupción

El Ministerio Público informó que 19 de los 25 gobernadores regionales a nivel nacional vienen siendo investigados por presuntos hechos de corrupción.

En el ‘Día internacional contra la corrupción’, el fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF), Omar Tello Rosales, señaló que esta cifra refleja una lamentable situación que, de ser acreditada en el proceso, comprobaría un enorme perjuicio al Estado.

Explicó que este registro es una muestra de la labor que los fiscales especializados cumplen con el fin de salvaguardar los intereses públicos y buscar una sanción para los responsables.

Según este balance, los gobernadores con mayor número de investigaciones son de la región Loreto, con 16 denuncias; Áncash, con 14; y Lima, con 10 pesquisas.

"Una de las graves características de la corrupción es que se produce aprovechando los momentos de crisis. Muestra de ello son las 1893 denuncias que, durante estado de emergencia sanitaria, del 16 de marzo hasta el 31 de octubre pasado, hemos recibido a nivel nacional", dijo el representante del Ministerio Público.

Omar Tello Rosales precisó que de las denuncias recibidas, durante este período por las 41 fiscalías especializadas a nivel nacional, 685 corresponden a presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de canastas básicas familiares, 279 por similares hechos en la compra de equipos de protección y limpieza contra el COVID-19 y 52 vinculados a la compra de equipos médicos.

Asimismo, sostuvo que las instituciones que se han visto más afectadas son los municipios con 1074 denuncias, el sector Salud con 129 denuncias, los gobiernos regionales con 108 denuncias y la Policía Nacional y Fuerzas Armadas con 44 denuncias.

Según este análisis, los presuntos delitos de mayor incidencia son los de negociación incompatible, colusión y peculado; los cuales están directamente vinculados a los presuntos actos ilícitos de direccionamiento y sobrevaloración durante los procesos de contratación para obras públicas y adquisición de bienes y servicios en algunas entidades públicas.